El Defensor del Pueblo abre una queja tras la muerte de 14 reclusos por sobredosis en 2018

La queja va dirigida al Ministerio del Interior -Secretaría General de Instituciones Penitenciarias- y a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

En el texto se precisa que en lo que va de año, la Defensoría ha tenido conocimiento, a través de diversos medios de comunicación de distintos fallecimientos de internos en centros penitenciarios de Andalucía por posible sobredosis: tres fallecimientos en el centro penitenciario de Albolote (Granada), dos en el de Huelva, cuatro en los del El Puerto de Santa María y cinco en Botafuegos (Algeciras).

Asimismo, se remarca que un elevado porcentaje de los internos en las cárceles son drogodependientes y, en muchos casos, cumplen condenas por delitos relacionados con este motivo, por lo que el hecho de que tengan acceso a dichas sustancias es «una cuestión grave que dificulta, cuanto no, imposibilita su reinserción».

Entiende el Defensor que en el ámbito penitenciario concurren acciones y políticas en las que interviene la gestión de la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), y la propia Junta de Andalucía responsable del ejercicio de competencias como la sanidad, asistencia social o educación.

«El ejercicio de las políticas destinadas a la prevención, tratamiento y superación de las drogodependencias exigen la coordinación en esta materia entre los distintos estamentos implicados, priorizando programas de prevención, desarrollando estrategias de intervención y agilizando el acceso a los recursos establecidos», señala.

Ante todo esto, el Defensor pide, en el marco de la actuación de oficio, a Instituciones Penitenciarias que informe de los sistemas de intervención en materia de drogodependencia que se aplican en el ámbito de los centros penitenciarios en Andalucía y a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de los sistemas de intervención en materia de drogodependencia que se aplican en estos centros.

A ambas, además, les solicita información sobre los acuerdos, convenios o instrumentos de mutua colaboración en vigor o que hubieran sido aplicados de mutua colaboración.