El debate más importante del año

Más allá del debate de los grupos políticos, también los principales agentes sociales de la comunidad tienen establecidas cuáles deben ser las prioridades de los próximos presupuestos que explican en este trabajo, en el que la Unión General de Trabajadores (UGT) declinó participar.

Para la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), las cuentas de la Junta deben incorporar medidas que aumenten su compromiso con el tejido productivo y empresarial. La organización empresarial pide que se refuercen los instrumentos de participación institucional de los agentes económicos y sociales e impulsar la acción concertada y la colaboración público-privada.

También considera necesario que los programas que desarrollan las medidas que se recogen en el Pacto Económico y Social por el Impulso de Andalucía estén reflejados en los presupuestos. La patronal andaluza comparte la estrategia fiscal puesta en marcha por la Junta desde la pasada legislatura. No obstante, entiende que existen espacios donde seguir actuando, como la ampliación de bonificaciones ya existentes para afrontar gastos de escolaridad y actividades extraescolares, la mejora de la fiscalidad que afecta a la promoción y construcción de vivienda nueva o las medidas como el mecenazgo para incentivar la inversión privada en actividades culturales. La CEA también pide que se incremente el esfuerzo inversor público dirigido a impulsar actuaciones en infraestructuras productivas, que además, «a través de la contratación pública adecuadamente planificada y con la consecuente agilidad en las licitaciones», incida en mayor medida en el desarrollo de las pymes andaluzas.

También reclama un impulso al sistema de la formación profesional dual, que considera un instrumento decisivo para revertir el desajuste entre las competencias demandadas y la preparación que ahora ofrecen los sistemas de formación. Por ello propone la participación de las empresas como agentes formadores con incentivos económicos y fiscales.

Asimismo, pide potenciar la colaboración público-privada para acometer proyectos de inversión que necesiten celeridad y también abrir esta fórmula a las grandes partidas del gasto social, con conciertos educativos dirigidos a cubrir todas las etapas no universitarias, y en materia de conciertos sanitarios, actualizando partidas dirigidas a cubrir el coste soportado por las empresas prestadoras de algunos de estos servicios.

Por parte de Comisiones Obreras (CC OO), las demandas en materia fiscal van en sentido contrario a las planteadas por la CEA. «Nos preocupa que lo que va anunciando el Gobierno andaluz, la propuesta que haga de presupuestos para 2025, repita los errores que se vienen cometiendo y que agranden todavía más los problemas que hay en nuestra tierra, porque es grave que se sigan haciendo regalos fiscales a las 800 familias con patrimonio más alto mientras que se eliminan recursos públicos para resolver los problemas comunes del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas», señala su secretaria general, Nuria López.

Según López, esas rebajas fiscales hacen perder capacidades fiscales propias por más de mil millones de euros cada año, cantidad que en su opinión deberían haber ido a reforzar los servicios públicos, que en su opinión se encuentran bajo mínimos en Andalucía. La secretaria general de CC OO aludió en ese sentido a la sanidad, con las dificultades para conseguir cita y malas condiciones laborales de los profesionales sanitarios; al sistema de dependencia, con largas listas de espera y merma en las plantillas, y a la educación, que en su opinión debería reforzarse aprovechando el actual momento demográfico para reducir la ratio.

Para López, es necesario que los presupuestos incluyan también partidas importantes para la política industrial, favoreciendo los proyectos de energías limpias y conseguir que Andalucía consiga convertirse en un núcleo importante de desarrollo de la industria presente y futura.

El sindicato reclama que los presupuestos incluyan también recursos para mejorar el acceso a la vivienda, reorientar el sector del turismo, potenciar la agroindustria y políticas activas de empleo. «Nos preocupa que cada mes el presupuesto de la Junta de Andalucía mengua más en esta materia», señala la secretaria general.

En la Central Sindical Independientes y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la administración pública, lamentan que de momento la Junta no haya informado a las organizaciones sindicales de medidas concretas ni de las partidas destinadas a las mismas de cara a los presupuestos para 2025. La central sindical reivindica que las futuras cuentas autonómicas incluyan como base un refuerzo generalizado de los servicios públicos. Según Manuel Moreno, secretario de Negociación de CSIF Andalucía, la sanidad, la educación y la dependencia necesitan un revulsivo urgente para ofrecer una mejor atención a la ciudadanía y para mejorar las condiciones de sus profesionales. Señala que también es necesario acometer acciones en la Administración General de la Junta de Andalucía y en la Administración de Justicia.

CSIF considera inaceptable que, en las líneas esbozadas por la administración por el momento, no se contemple una partida para restaurar la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraída en 2013 y 2014 a los empleados públicos de Andalucía, por lo que, asegura, se sigue incumpliendo el Acuerdo Marco de julio de 2018 que así lo contempla.

En cuanto a sanidad, esta central considera que el incremento presupuestario que plantea la administración no será suficiente para acometer las reformas que necesita el sistema sanitario público de Andalucía. «Reclamamos partidas presupuestarias que permitan cumplir el pacto por la mejora de la atención primaria, así como el acuerdo de carrera profesional, que siguen pendientes y que es una de las razones por las que CSIF se está movilizando actualmente», indica.

En el ámbito educativo, CSIF considera necesario que haya un incremento de la inversión para llevar a cabo, entre otras medidas, un refuerzo de docentes de manera que se puedan bajar las ratios en las aulas, ya que estima que hay 4.000 unidades que sobrepasan el límite legal. De igual forma, reclama inversión para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.