El PP cifra en 14.737 euros el gasto de un exalto cargo en un club de alterne con una tarjeta de la Junta

La Consejería de Empleo, a la que perteneció dicha fundación, admitió la pasada semana que hubo una tarjeta adscrita al máximo directivo de la fundación, que en los años investigados por la Guardia Civil, de 2008 a 2010, era Fernando Villén. El titular de Empleo, Javier Carnero, detalló las liquidaciones de la tarjeta los citados años, sumando un total de 1.563 euros y desglosó esta cantidad de la siguiente forma: 359 euros en 2008; 607 euros en 2009; y 597 euros en 2010. La cantidad no concuerda con la apuntada por el PP y que este relaciona con el uso indebido de las tarjetas de la Junta por sus cargos, que López Gabarro califica de «tarjetas black', en alusión a las 'black' del caso Bankia.

La secretaria general del PP andaluz ofreció una posible explicación al contar que la UCO preguntó tanto a dos empleadas de la Faffe a las que tomó declaración como al propietario del club de alterne por el sistema de anulaciones de pagos mediante tarjeta. El propietario del club aportó, según López, tras su declaración el listado de los movimientos de la TPV (Terminal Punto de Venta) del establecimiento correspondiente al año 2010.

«En este listado aparecen 69 movimientos; de ellos, 68 ingresos y una sola devolución, ésta por una cuantía de 14.737 euros, de lo que se deduce que se corresponde con el motivo de investigación de la Guardia Civil, es decir, de la tarjeta de la Faffe». Con esta explicación la dirigente del PP quiso dar a entender que el excargo de la Junta utilizó la tarjeta para pagar servicios del club, aunque luego devolviera el dinero. De ahí que en la liquidación de 2010 de la tarjeta solo haya un gasto de 597 euros. López no supo explicar por qué se produjo la devolución. «Si la conciencia o algo le dijo que estaba mal, tal vez por eso se devolvió. De lo que no hay duda es de que la tarjeta se usó en el club de alterne», afirmó.

La número dos del PPandaluz utilizó este caso para arremeter de nuevo contra Susana Díaz. «Tiene que salir y dar la cara», dijo para insistir en que en el Parlamento «mintió» cuando dijo que se le había remitido toda la información requerida al juzgado y a la Guardia Civil, cuando todavía falta por entregar documentación, alguna solicitada en marzo pasado. La presidenta de la Junta respondió en Madrid que si hay alguna irregularidad «ya la determinará la Justicia». «Eso es algo que pasó hace más de diez años, si pasó», dijo en alusión a que ella aún no era cargo de la Junta de Andalucía.

A la misma hora que Dolores López comparecía para dar cuenta del asunto del club de alterne, su homólogo en el PSOE andaluz, el secretario de Organización, Juan Cornejo, hacía lo mismo para solicitar al PPque dé explicaciones sobre el abogado que les representa como acusación popular en el 'caso de los ERE' y también en el de la Faffe, Luis García Navarro. Este es secretario adjunto del consejo de administración de la RTVA (Canal Sur) desde 2008 a propuesta del PP. Según publicó ayer 'Diario de Sevilla', su contrato con Canal Sur implica que su trabajo se debe desarrollar «a tiempo completo» con una jornada de trabajo de 35 horas semanales, por lo que cobra al año 65.653 euros brutos anuales. García Navarro acude cada día de lunes a miércoles, junto a Lourdes Fuster, la otra letrada del PP, al juicio del 'caso ERE' en el que representan a la acusación popular. «Canal Sur tiene que averiguar qué tipo de contrato tiene y si ha cumplido con las obligaciones que tiene por ese contrato», dijo Cornejo. «El PP, que es muy dado a pedir explicaciones a los demás, tendría que empezar ya dando explicaciones también», agregó.

El PP, que no desmiente el contrato de García Navarro con Canal Sur, quiso desligar este empleo con los servicios de su bufete al partido en varios casos judiciales en los que son acusación, por los que, aseguró Dolores López, el PP le paga.

La número dos del PP andaluz emplazó a Canal Sur para que dé explicaciones. «El contrato lo hace Canal Sur, así que responda Canal Sur porque el contrato no lo hace el PP», aseveró. La dirección de Recursos Humanos de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) informó a Europa Press que ha abierto un «expediente informativo» a Luis García Navarro para averiguar si pudo «incurrir en incompatibilidad laboral al realizar tareas ajenas a las propias de su puesto de trabajo». El abogado comunicó a través del PP que en su día ya avisó su pertenencia como socio a un bufete cuando fue contratado como secretario adjunto del Consejo de Administración de la RTVA, según dijeron a Efe fuentes del PP. El Parlamento elige los miembros del consejo de administración de Canal Sur, pero no a sus dos secretarios. PSOE y PP pactaron en 2008 situar a dos secretarios en el órgano.