El juicio de los ERE se cuela en la precampaña andaluza
Los expresidentes Chaves y Griñán vuelven al banquillo para oír si la Fiscalía mantiene las peticiones de inhabilitación para el primero y cárcel para el segundo
El tribunal de la Audiencia de Sevilla que juzga a 22 excargos socialistas y de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José ... Antonio Griñán, dará esta mañana la palabra a la Fiscalía, la primera de las partes acusatorias que expondrá sus conclusiones en la fase final del juicio. Los 22 procesados en esta causa del llamado 'caso ERE', que juzga la creación, uso y mantenimiento de un sistema administrativo supuestamente ilegal, el de las transferencias de financiación, para conceder 850 millones de euros en subvenciones a empresas en crisis y trabajadores desde 2001 a 2010, volverán al banquillo de los acusados tras varios meses ausentes. Hoy conocerán si el Ministerio Público mantiene las acusaciones y el relato de los hechos, que en el caso de Chaves y Griñán supone peticiones de inhabilitación para el primero por supuesto delito de prevaricación; y en el del segundo de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación. Ninguno de los procesados está acusado en este juicio de enriquecimiento ilícito.
En cualquier caso, la fase final del juicio se cuela en la precampaña de las elecciones andaluzas y acaparará foco hasta casi el 2 de diciembre, cuando es la cita para votar. El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, ha expresado su voluntad de acabar el juicio a finales de noviembre, aunque para ello tenga que habilitar sesiones incluso hasta en sábados. Por ello, no solo las conclusiones de los fiscales se cuela en la precampaña, también la de las acusaciones populares, PP y Manos Limpias. Las defensas tendrán su turno igualmente y los acusados podrán expresar su última versión de los hechos juzgados.
El momento clave de los diez meses de juicio empieza esta mañana con la lectura de los fiscales Manuel Fernández Guerra y José Enrique Egocheaga, que al comienzo de la vista oral mantenían la petición de cárcel para el expresidente Griñán cuando fue consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) y cuatro exconsejeros, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, como responsables de un sistema inapropiado y de no haberlo cambiado pese a las advertencias de la Intervención General de la Junta de su irregularidad. O si tras escuchar a más de 120 testigos, 9 peritos y la versión de los propios acusados, modifican las peticiones y la visión de los hechos supuestamente delictivos. Hay cargos de cuatro consejerías en el banquillo, Presidencia, Economía y Hacienda, Empleo e Innovación, además de los máximos responsables de la Intervención y los servicios jurídicos de la Junta en el tiempo de los hechos juzgados.
Lo más trascendente será si continúan considerando ilegal el sistema utilizado para el pago de las ayudas a través de la agencia pública IDEA, luego IFA, lo que según el instructor del sumario, Álvaro Martín, y también los fiscales, permitió la concesión de ayudas sin orden de regulación y sin fiscalización previa, lo que provocó menoscabo de fondos públicos. Esta es la teoría defendida de forma rotunda por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) durante el juicio, frente a los de algunas defensas, que interpretan que el uso del sistema de las transferencias de financiación era legal porque se incluyó en las leyes de presupuestos y estas fueron aprobadas por el Parlamento; También que su utlización no implicaba que se tramitaran sin orden ni fiscalización por parte de la Consejería de Empleo. Algunas defensas también han apelado una y otra vez a que la concesión de ayudas sociolaborales en Andalucía no necesitaba orden propia porque ya el Gobierno de España aprobó una en 1994 a la que podían acogerse. También las defensas de algunos acusados, entre ellos Griñán, apelan a que nunca recibieron ni tuvieron conocimiento de las advertencias de la Intervención porque ninguna de ellas fue de actuación, una especie de alerta roja en el procedimiento administrativo de que pudiera haber menoscabo de fondos públicos.
En sus escritos provisionales, el Ministerio Público solicitó 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río. Para Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exinterventor general Manuel Gómez, reclamaron seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Por los mismos delitos pidieron ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; los exdirectores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete y los exsecretarios de Empleo Javier Aguayo, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez.
La última palabra de todos ellos, de desear hacer uso de ella, coincidirá, según lo previsto por el tribunal, en los últimos días de la campaña electoral, que empieza el próximo día 16 de noviembre.
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