El campo andaluz se blinda para evitar brotes de Covid en sus principales campañas

Para ello, el Gobierno andaluz ha dado luz verde esta semana a una orden dirigida a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas andaluzas que contratan a temporeros para estas campañas con el objetivo de propiciar un entorno seguro y prevenir esos brotes. La norma contempla una serie de medidas preventivas que, en general, apoyan los agricultores, aunque no ocultan sus matices y críticas como la dificultad para ejecutar algunas de ellas, el coste que supondrá y su carga burocrática y la premura con la que tienen que implementarlas.

Las medidas pretenden favorecer la detección temprana del virus y mitigar su impacto. Así, se establece que las personas titulares de dichas explotaciones deberán elaborar un plan de contingencia específico frente al Covid-19 antes de la contratación de los trabajadores, para lo que disponen de un plazo de diez días si ya tienen a personas contratadas. Asimismo, deberán poner en conocimiento y colaborar con las autoridades sanitarias ante cualquier posible sospecha o caso compatible de Covid-19, exigiendo al agricultor disponer de los empleados para permitir posibles rastreos y aislamientos.

El uso de la mascarilla será obligatorio y se establece que las cuadrillas de trabajadores sean estables, compuesta siempre por los mismos miembros para evitar al máximo los contactos y la transmisión del virus. Por otro lado, los empresarios deberán habilitar alojamientos con espacios que permitan el aislamiento de trabajadores contagiados o sospechosos, debiendo asegurar las condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene en los mismos. Asimismo, se contempla que en todas las explotaciones se establezcan medidas preventivas como información y formación de los trabajadores, limpieza y desinfección, ventilación en vehículos de transporte o disposición de geles hidroalcohólicos en puntos estratégicos. También se escalonarán las entradas y salidas y las pausas y descansos mediante turnos para evitar aglomeraciones.

Tanto esta orden como una guía de recomendaciones que ya se impulsó el pasado mes de julio han sido negociadas con las distintas organizaciones agrarias como Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, UPA y Coexphal, que han podido realizar sus aportaciones.

La mayoría de las organizaciones agrarias apoyan las medidas que ven como positivas, pero también han puesto de relieve sus críticas con respecto a algunas de las mismas que supondrán un incremento de costes que tendrán que asumir en solitario. El representante de Asaja, Felipe Gayoso, dijo a este periódico que «algunas medidas serán difíciles de cumplir» y advirtió de «la carga burocrática y los costes que tendrán que asumir» para el desarrollo de las mismas, además de suponer también una sobrecarga en la gestión y responsabilidad.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, aseguró que esta iniciativa es un paso más para lograr un campo seguro y libre de Covid en colaboración con el sector y también con las Consejerías de Salud y Empleo.

Según la consejera, «las campañas agrícolas están muy cercanas en el tiempo y tenemos que conseguir que los niveles de seguridad sean los máximos y en el caso de que se detecten contagios se activen todos los protocolos para facilitar la mejor reacción y rastreo».

La consejera avanzó también que su departamento está trabajando ya también en un protocolo similar para prevenir los efectos de la pandemia en el sector pesquero, que sostiene cerca de 20.000 empleos en Andalucía.