Bravo avisa de la falta de «ayudas directas» en el decreto de aranceles

Juan Bravo visitó la localidad sevillana de Burguillos junto al presidente del PP de Sevilla y delegado del Gobierno andaluz en dicha provincia, Ricardo Sánchez, y el alcalde de Burguillos, Domingo Delgado; marco en el que criticó duramente la gestión económica del Ejecutivo estatal.

Bravo reprochó al Gobierno central del PSOE y Sumar, en minoría en el Congreso, que no sea capaz de promover un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) actualizado a este año 2025, al no lograr apoyos parlamentarios para ello, a consecuencia de lo cual el país se rige por la prórroga de las cuentas de 2023.

También le recriminó la situación de las medidas estatales ante los aranceles planteados por la administración estadounidense del presidente Donald Trump, actualmente congelados mientras EE UU y la UE negocian; en un marco en el que el Congreso de los Diputados abordará el próximo jueves el real decreto-ley con medidas que suponen 7.720 millones de euros de los cerca de 14.100 millones anunciados por Pedro Sánchez para contrarrestar los aranceles.

Ante el citado decreto, que recoge una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial; 720 millones adicionales para el Fondo para la Internacionalización de la Empresa y 2.000 millones para el esfuerzo de internacionalización; Juan Bravo ha alertado de que este paquete de medidas «solamente ofrece» a las empresas «deuda, préstamos o avales, pero nada de ayudas directas».

También alertó de que el Gobierno central «no es capaz de pagar las ayudas de la dana de Valencia», porque tras «anunciar más de 16.000 millones no ha llegado ni un tercio»; mientras el Ejecutivo defendía días atrás «una agilización sin precedentes en el caso de las viviendas y lo que tiene que ver con el Consorcio de Seguros». Del mismo modo, acusó al Gobierno central de «negar» a las administraciones la actualización de las entregas estatales a cuenta, tras no prosperar en enero en el Congreso el decreto 9/2024, que entre otros aspectos incluía las entregas a cuenta de 2025 del Estado a las administraciones por la situación de prórroga.