El 'caso Barbate' incendia el Parlamento de Andalucía

El miércoles, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, compareció a petición propia para abordar este asunto y tanto el PSOE como Por Andalucía, las dos formaciones cuyos compañeros en Madrid sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez, vieron en esta solicitud de comparecencia por un asunto que excede las competencias del consejero una iniciativa de la Junta para intentar desgastar el Ejecutivo a partir de un hecho luctuoso.

Sanz, que defendió que un plan integral para el Campo de Gibraltar y que los dos grandes partidos se sienten para acordar reformas legislativas que permitan endurecer las penas por agresión a agentes y por delitos de narcotráfico, incluyendo también a quienes prestan apoyo a los narcotraficantes, se encontró con una respuesta en tono belicoso de la diputada socialista por Cádiz Rocío Arrabal, que lo acusó de protagonizar «una indecencia monumental» por intentar, a su juicio, sacar rédito político de la muerte de ambos servidores públicos y de estar dispuesto a »pisotear los uniformes que dice defender para hacer política barata«.

El tono de esta intervención encontró este jueves el reproche del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que la calificó de «deleznable y bochornosa». El portavoz del PP, Toni Martín, llegó a preguntarse si el discurso se lo había redactado Otegui o Carles Puigdemont.

La confrontación por este asunto continuó en la sesión de control al presidente, en la que la diputada de Por Andalucía Inmaculada Nieto inició su intervención asegurando que desde que se produjo el suceso los responsables de la Junta han protagonizado una sobreactuación impropia pese a tener «una alcaldesa en Marbella cuyo patrimonio viene del narcotráfico». Esta expresión despertó un murmullo de desaprobación en la bancada del Grupo Popular y aplausos en la socialista, ante lo que la portavoz continuó asegurando que el jefe de filas de Juanma Moreno, en referencia a Alberto Núñez Feijóo, «lo conocemos por sus paseos en barco con un señor que se dedicaba al narcotráfico».

En su respuesta, Moreno reconoció que le costaba encontrar explicación a esa intervención, «con acusaciones políticas sobre nada probado» frente al asesinato de dos servidores públicos. «Ese discurso no es nada apropiado para una dirigente de un grupo político como el suyo», subrayó.

La deriva de confrontación por la que acabó discurriendo el debate parlamentario sobre este asunto fue de alguna manera una continuación de la manera como se había iniciado el día anterior frente a una delegación de guardiaciviles invitados.

Después de que Sanz reclamara que el Gobierno atienda la petición unánime del Parlamento para que se declare a la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad, el diputado de Vox Benito Morillo, quien recordó su condición de guardia civil , reprochó a Juanma Moreno que describiera a los autores del asesinato como «una banda de niñatos en narcolancha» y aseguró que hubo «una operación premeditada de debilitamiento del Estado estos años del socialismo« con los diputados del Partido Popular como «colaboradores necesarios».

El también guardia civil y parlamentario de Podemos Juan Antonio Delgado consideró que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe dimitir, porque dos vidas son «suficientes para que asuma responsabilidades», mientras que el portavoz de Adelante Andalucía, Juan Ignacio García, que también exigió la dimisión de Marlaska, puso el acento en las carencias sociales de las zonas más afectadas por el narcotráfico y reclamó que se enaltezca la cultura del trabajo frente a la que presenta a los narcos como héroes dignos de emular.