Aviso por el cambio en las tarjetas sanitarias en Andalucía: ¿cómo te afecta?

La determinación del precio del suministro objeto de esta contratación se realiza «de acuerdo a los precios unitarios en relación al número medio estimado de tarjetas necesarias para la prestación del servicio».

La tarjeta sanitaria de Andalucía es, según recuerda la Junta, el documento que identifica a las personas residentes en esta comunidad autónoma y facilita su acceso a los servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como sirve como identificador frente a otros servicios sanitarios del Servicio Nacional de Salud (SNS). La «necesidad media actual» está «alrededor de 55.000 tarjetas al mes», según desvela la Consejería para justificar la necesidad de este nuevo contrato que garantice el suministro de este documento. Todos los ciudadanos residentes en Andalucía que cuenten con cobertura sanitaria pública tienen derecho a la tarjeta, en la que figura el Número de Historia Única de Salud de Andalucía (Nuhsa), que es único e individual para identificar a cada persona y al que están ligados sus datos clínicos.

Este número y el resto de datos de identificación aparecen impresos y grabados tanto en la banda magnética como en el chip de la tarjeta, que también es necesaria para la dispensación de los medicamentos en las oficinas de farmacia facilitando tanto el acceso del paciente a la retirada de los mismos en cualquier punto del territorio del Estado, como el acceso que el farmacéutico tiene a la base de datos central en la que el facultativo anota la prescripción, según detalla también la memoria justificativa de la Consejería de Salud.

En esta nueva contratación, tal como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, se incorporan «modificaciones técnicas» respecto a la anterior en relación con la «funcionalidad» del chip de las tarjetas, según confirma la Junta en la documentación vinculada a esta contratación. Al respecto, desde la Consejería de Salud argumentan en la memoria justificativa de este contrato que «el chip con el que cuenta la tarjeta actual tiende a la desaparición y su producción ha dejado paso a la tecnología de interfaz dual utilizada en la funcionalidad tanto de contacto como sin contacto (contactless)».

«La falta de producción de los chips de contacto, junto a la situación actual de desabastecimiento general de estos componentes, obliga a contemplar este cambio», según sostiene el departamento que dirige Catalina García, desde donde defienden que la incorporación de la tecnología de «chip dual» cuenta con «determinadas ventajas» como «la rapidez, la salubridad y la versatilidad, ya que no solo permite la identificación sin contacto, sino que funciona como una tarjeta tradicional, permitiendo la identificación tal y como se realiza actualmente».

Además, desde la Junta subrayan que «el uso de tecnología contactless es una tendencia generalizada» y su implantación «ha quedado demostrada como vía preferente con motivo de la pandemia» de Covid-19, cuando «se extremaron las medidas de prevención de contacto en las transacciones de pago e información y en todos los ámbitos de la vida cotidiana». Por parte de la Consejería de Salud «se ha contemplado la ventaja que puede aportar esta funcionalidad en facilitar y agilizar la dispensación de los productos de farmacia por parte de los establecimientos».

Para esta contratación, la Junta ha optado por un procedimiento abierto, «de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público», de forma que «toda persona que cumpla los requisitos establecidos podrá presentar oferta, lo que a su vez favorecerá la consecución de una mejor relación calidad/precio obtenida como consecuencia de la concurrencia y libre competencia de distintos proveedores», según argumentan desde la Consejería de Salud y Consumo.

La duración prevista del contrato es de doce meses desde su formalización, con posibilidad de prórroga por otro periodo de «hasta doce meses previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público».