Los autónomos podrán pedir los 300 euros desde este viernes y con solo una declaración responsable

Para ello el Gobierno andaluz libra 50 millones de euros de su propio presupuesto, ha remarcado Blanco, diez más de los previstos hace una semana. El cálculo de beneficiarios también ha aumentado. Como señalaron responsables de ATA el número de solicitantes puede ascender a 150.000 del más del medio millón de autónomos registrados en Andalucía. La ayuda viene a complementar las otras medidas aprobadas por el Gobierno central para los autónomos y de hecho quedan fuera de poder acogerse a esta de la Junta los que se benefician de las subvenciones estatales, como las que proporciona la prestación extraordinaria por cese de actividad. También quedan excluidos los que perciben más de 39.900 euros anuales de ingresos. La ayudas se otorgan sin concurrencia competitiva y se entregará hasta agotar presupuesto.

Blanco y organizaciones empresariales han negociado los sectores que pueden verse beneficiados y como gran novedad la consejera de Empleo ha destacado la «solidaridad» del sector para el colectivo de mutualistas, profesionales con otro régimen distinto al de la Seguridad Social. Estos son en general de las siguientes profesiones: arquitectos técnicos y superiores, químicos, gestores administrativos, abogados, procuradores, ingenieros técnicos y peritos y médicos. La consejera ha calculado en unos 37.000 los mutualistas que podrían solicitar la subvención.

La Junta ha habilitado un mecanismo ágil para que a partir de este viernes los autónomos puedan solicitar la ayuda y cobrar antes de que acabe el mes. Sólo pueden hacerlo vía internet. Para cumplimentar la solicitud, basta rellenar el formulario telemático, que incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos; el DNI-NIF; domicilio fiscal; empadronamiento en Andalucía; alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en su mutualidad alternativa. En su declaración jurada deben especificar no ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad; número de cuenta bancaria para que pueda ser percibida la ayuda y declaración del IRPF. El plazo para la solicitud expirará quince días después de que se haya levantado el estado de alarma (en principio previsto para el 26 de abril, pero que puede alargarse al 10 de mayo) o también cuando se acabe el presupuesto.

Rocío Blanco ha explicado que para ser beneficiario de la bonificación, el decreto ley establece como requisito ser trabajador por cuenta propia o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía, y estar afiliado al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente, en la fecha de la entrada en vigor del estado de alarma. Se excluyen de la ayuda a aquellos autónomos que se han acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad que aprobó el Gobierno en el Real Decreto Ley de 29 de marzo, a aquellos trabajadores por cuenta propia o mutualistas cuya actividad está considerada como servicio esencial, y aquellos autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 39.900 euros anuales).

La consejera Blanco y las organizaciones empresariales y sindicales han acordado incluir como posibles beneficiarios a profesionales por cuenta propia encuadrados dentro de los servicios esenciales, en base a que sus ingresos también han mermado. En concreto, incluidos los mutualistas, se han fijado hasta 99 tipos de profesiones de muy diversa índole y sector, entre las que se encuentran sanitarios (como odontólogos, fisioterapeutas, logopedas); artesanos (fabricación de papel, productos de madera, vidrio, hierro, instrumentos musicales); autónomos de centros o clínicas veterinarias; ópticas y productos ortopédicos; prensa y papelería; tintorerías; fotografía; textil y confección; componentes electrónicos; servicios de transporte de personas como taxistas; abogados; procuradores; intérpretes; psicólogos; profesionales del sector de la flor cortada; actividades relacionadas con las telecomunicaciones; fabricantes de quesos o servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad. También se incluyen a los a los socios trabajadores de cooperativas inscritos como autónomos.