Vox aprieta con un ojo en Cataluña

No todos actúan de la misma manera. Cuanta más autonomía, menor es el ascendente del efecto mariposa electoral en su toma de decisiones. En Vox, donde no ocultan que suprimir las autonomías es uno de sus objetivos, operan con coherencia. Autonomía andaluza, ninguna.

El gran objetivo del partido de Abascal en las autonómicas que se celebran hoy en Cataluña es dar el 'sorpasso', quedar por encima del PP. Por ello, con la campaña de la elecciones catalanas en su momento más álgido, los últimos días han sido prolíficos en mensajes para diferenciarse de los populares y recordar que por más que cada encuesta que se conoce consolide al presidente Juanma Moreno y avale su gestión al frente de la Junta, el actual Gobierno depende de sus votos para sacar adelante leyes y decretos.

Así se explica que marcara distancia con dos normas con elementos en común: fueron elaboradas en carteras con consejeros de Ciudadanos y tienen a menores en el centro del debate: la ley de Infancia y Adolescencia y el decreto de escolarización.

El jueves de la semana pasada, la portavoz parlamentaria de Vox, Ángela Mulas, se reunió con el equipo de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en relación con la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, un proyecto ya aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado diciembre y que inicia en estos días su trámite parlamentario. No hubo en ese encuentro señal alguna de lo que iba a suceder unas horas más tarde: la presentación de una enmienda a la totalidad con el argumento de que la norma propuesta supone un ejercicio de continuidad en relación con las políticas desarrolladas por anteriores gobiernos andaluces. La nueva ley no responde a la ruptura cultural que la formación de Abascal reclama en relación con los consensos alcanzados hasta ahora en materia de derechos sociales. Llegó además cuando el oportunismo electoral recomendaba diferenciarse de las formaciones a las que le disputa una misma franja del electorado, a las que quiere señala como blandas o pusilánimes frente a lo que considera no consensos sociales alcanzados en una sociedad avanzada, sino concesiones ideológicas a la izquierda.

Por delante queda todavía mucha negociación y habrá que ver si prevalece la intención de Igualdad de alcanzar una aprobación con el máximo apoyo posible o si se impone el criterio de mantener la alianza parlamentaria que ha permitido al Gobierno andaluz alcanzar sin sobresaltos el ecuador del mandato. La ecuación no será sencilla de resolver.

Mientras tanto, Vox sigue apretando. Esta semana tenía que aprobarse por el Parlamento el decreto de escolarización para adaptarlo a la 'Ley Celaá' y evitar que decenas de miles de familias quedaran en una situación de inseguridad jurídica a la hora de apuntar a sus hijos para el curso 21-22. Los de Abascal vieron la oportunidad de hacer otra demostración de fuerza y volvieron a arremeter con uno de sus caballos de batalla, el llamado 'pin parental', una norma que impediría a los niños tomar parte en actividades educativas relativas a la diversidad afectivo-sexual sin el consentimiento de sus padres. La norma fue implantada en Murcia, y denunciada por el Gobierno central, pero en Andalucía fue frenada por el consejero, Javier Imbroda, que la considera innecesaria.

Con el decreto de escolarización en el aire, Vox entendió que podía hacer valer su fuerza parlamentaria y reclamó un compromiso de cambios en esta legislatura. Contra el reloj se llegó a un texto, firmado por Imbroda y por el presidente del grupo parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, que tuvo, como en todas las cuestiones que involucran a Ciudadanos y Vox, la mediación del PP. El texto tiene el defecto (o la virtud, según se mire) en el que cabe una libre interpretación. Señala el objetivo de salvaguardar la participación de los padres en la actividad educativa, y agrega, «sin menoscabo de las potestades del personal docente»; apunta al derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias y agrega «siempre con absoluto respecto a los preceptos consagrados en la Constitución Española».

Para el consejero, no es nada que no esté ya en vigor; pero desde su cuenta de Twitter, la formación de Abascal se apresuró a venderlo como un gran triunfo a escala nacional: «Vox aprueba con la Junta andaluza impulsar el Pin Parental». Esta interpretación contradictoria hizo que durante unas horas reinara la confusión sobre lo que realmente se había aprobado. El problema llegará cuando ese compromiso, que apenas llena diez líneas, haya que traducirlo en norma.