Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha coinciden en exigir al Gobierno otra financiación para «competir en igualdad»

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ha hecho de Sevilla esta jornada la capital de una cumbre informal de comunidades infrafinanciadas, en la que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha hecho de anfitriona en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga.

El IVIE ha sentado a los cuatro consejeros de Hacienda de las mencionadas comunidades en una mesa redonda, que ha moderado el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla José Ignacio Castillo, y seguidamente ha procedido a presentar el estudio 'El sistema de financiación autonómico y las comunidades infrafinanciadas, a cargo de su director de investigación y catedrático emérito de la Universidad de Valencia, Francisco Pérez García.

Antes de ese encuentro compartido, la también portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha adelantado en una intervención inicial algún dato de ese informe para apuntar que la infrafinanciación de Andalucía es de 13.411 millones, contabilizada desde 2009, mientras que la de Valencia es de 20.000 millones, de 4.000 millones para la Región de Murcia y se acerca a los 2.000 millones en el caso de Castilla La Mancha.

Las necesidades globales del modelo de financiación ha asegurado que el estudio del IVIE las contabiliza en 137.000 millones.

Del discurso coincidente de las tres comunidades gobernadas por el Partido Popular (Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) y una por el Partido Socialista (Castilla La Mancha) se ha diferenciado el representante de esta última, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz.

Ruiz se ha mostrado partidario de aceptar la condonación de la deuda, que el Gobierno ofertó a todas las comunidades autónomas a partir de un pacto con ERC, sobre los mecanismos de financiación del Estado, por argumentar que la deuda está vinculada a «la insuficiencia de recursos», por lo que ha considerado «bienvenida sea», convencido de que «nos vamos a beneficiar de esa condonación».

«La condonación no es un elemento adicional, libera carga financiera», ha argumentado el consejero castellanomanchego, mientras que la consejera andaluza ha defendido que sería «complementaria de una reforma del sistema de financiación», aun cuando ha esgrimido que es una operación para «intentar callar» la reclamación del cambio de financiación.

España ha sostenido que «nos quedamos igual» desde la perspectiva de la mejora de la financiación, además de invocar como fuente de autoridad a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) acerca de su conclusión de que «no se puede gastar en servicios públicos».

El representante de Castilla La Mancha ha abogado igualmente por crear una Ley de Armonización Fiscal, por cuanto ha blandido que sería una operación equivalente a una demanda que se hace en el seno de la Unión Europea, y que vendría a corregir situaciones como «15 Impuesto de Sucesiones diferentes», tras plantear que en su caso «estamos sufriendo las reducciones de la Comunidad de Madrid». «No se puede permitir, a mi gusto, rebajas excesivas», ha sostenido Juan Alfonso Ruiz.

España ha considerado que la situación generada «es un despropósito» a raíz de la desigualdad entre comunidades autónomas y ciudadanos, por cuanto ha planteado que éstos sean de «primera y de segunda», antes de precisar que para Andalucía supone percibir por andaluz «183 euros menos que la media, 214 euros menos que Cataluña o 788 euros menos que La Rioja», por lo que ha advertido de que «es imposible que estemos en convergencia», aun cuando ha subrayado que con un Gobierno del PP en Andalucía la brecha con el resto de las economías regionales se ha reducido en casi un punto.

Tras recriminar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fuera antes consejera de Hacienda en Andalucía y fuera conocedora de la infrafinanciación y que ahora «seguimos sin propuesta de reforma del sistema», ha advertido de que «no queremos limosnas», y por ello «no pedimos nada que no sea justo», ya que ha defendido que tenemos «el mismo derecho que el resto a tener recursos», para inferir que «estaríamos creciendo mucho más».

La consejera de Hacienda y Economía de la Generalitat valenciana, Ruth Merino, ha proclamado «la evidencia de la injusticia» en financiación autonómica en tanto que propicia «desigualdad entre españoles», por lo que ha lamentado «una situación tan enquistada», para reclamar que «se debería solucionar cuanto antes» una situación ahora agravada por el hecho de que «tenemos un elefante en la habitación: la financiación singular de Cataluaña».

Merino ha considerado que «todo estamos dispuestos a ceder» por cuanto «nadie puede llegar al 100%» de sus demandas, al tiempo que ha retratado «la dependencia de los independentistas» por parte del Gobierno, al que ha descrito en una situación de «manos atadas» y, por esto, «con debilidad a la hora de gobernar».

La consejera valenciana ha hablado de «una infrafinanciación estructural, crónica», que empuja a su Comunidad a «intentar gastar como la media», aun cuando ello empuje hacia «un déficit estructural y crónico», aunque ha indicado que «hemos reducido en 1.300 millones» la deuda de su región, que ha cifrado en 40% sobre el PIB medida per cápita, antes de reconocer que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) «supone un alivio que nos da oxígeno para atender necesidades de tesorería».

El consejero de Hacienda de Murcia ha apuntado que de tener los mismos recursos que la media autonómica el presupuesto de su Comunidad sería un 11% mayor o sería un 23% superior de equipararse con la Comunidad mejor financiada.

Luis Alberto Marín ha apelado a una situación «urgente» y ha instado a «hacerlo sin dilación» porque «hablamos de personas», mientras ha retratado la situación que se vive entre las comunidades como una carrera de 100 metros en la que las comunidades infrafinanciadas «estamos 20 metros por detrás» y de recordar con datos del IVIE que la deuda de Murcia es imputable en un 95,5% al sistema de financiación.