Andalucía sitúa en más de 50 millones el coste de implantar la Ley de Eficiencia de la Justicia

El pasado viernes, tras una reunión previa con el ministro de de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, Nieto decidió junto con los consejeros del resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP con competencias en justicia transferidas, no participar en el pleno de la Conferencia Sectorial, que estaba previsto en Barcelona, por su desacuerdo con el contenido de la reunión.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Nieto ha señalado que le han pedido al ministro que vuelva a convocar una nueva reunión «en condiciones, con los puntos adecuados y que se pueda hablar de tú a tú»: «Queremos tener voz y voto y poder aportar soluciones a problemas que el ministerio en muchos casos está creando de una manera artificial».

Ha insistido en que el Gobierno central tiene que tener en cuenta «el papel de las comunidades autónomas» y empezar a «respetar la democracia».

El consejero ha explicado que la Junta no tiene una información detallada del «cómo y el cuándo se tienen que ir poniendo en marcha los distintos aspectos» de la ley, que se publicó el 2 de enero de este año, cuando ya estaban aprobados los presupuestos de la comunidad.

«No teníamos una indicación del coste que iba a suponer esta ley y además pensábamos que el Gobierno de España iba a ser responsable e iba, por lo menos, a cofinanciar los cambios que se habían generado», ha indicado.

El consejero ha explicado que, según los cálculos de la Junta, el coste para la la implantación que conllevan los cambios de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia será de entre 50 y 70 millones en este año, mientras que el ministerio sitúa en «3,3 millones de euros en total, toda la aplicación» de la norma.

«Tomadura de pelo»

«Me gustaría que el ministro hablara con los funcionarios de justicia de Andalucía y les diga si con 3,3 millones de euros se puede poner en marcha esta ley», ha manifestado Nieto, quien ha apuntado que solamente en los 70 partidos judiciales que tienen juzgados mixtos «va a suponer una inversión de 1,9 millones de euros la adaptación del sistema de gestión procesal a los cambios que introduce la ley».

«Nos parece una tomadura de pelo y que damos una pésima imagen a los ciudadanos en un momento de cambio en el que debería haber unidad y se debería hacer una apuesta compartida para mejorar el servicio público de justicia», ha señalado el consejero, lamentando que el Gobierno central «siga empeñado en generar esa tensión y división», sin escuchar las demandas de las comunidades autónomas, sino sólo «imponerles las cargas» de una ley.