Andalucía recurre el registro único de pisos turísticos del Gobierno por «imponerlo sin consenso» con las CCAA

Así lo ha confirmado este viernes el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, que ha justificado este viernes en Baeza la decisión al estar «absolutamente de acuerdo» con la normativa europea sobre alquileres de corta duración, aprobada en abril de 2024, que busca «mejorar la transparencia y el intercambio de información en este mercado». Sin embargo, el consejero critica que el Ejecutivo central haya creado un registro estatal «sin contar con las comunidades autónomas», que son quienes ostentan la competencia exclusiva en materia de turismo.

«No solamente debíamos ser oídos por una razón de sentido común, sino que el propio reglamento europeo así lo decía: no establezcan ustedes registros duplicados cuando ya existen en la comunidad autónoma, no hace falta. El Gobierno de España se lo ha saltado a la torera», ha afirmado Bernal, quien insiste en que la Junta ha seguido todos los cauces legales y administrativos previos antes de presentar el recurso.

Así, ha señalado que el propio Consejo de Estado ha emitido un dictamen «demoledor» que cuestiona la legalidad del Real Decreto estatal, y ha recordado que la Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por la forma en que se ha regulado este registro, advirtiendo de «la posible duplicidad y exceso de burocracia».

Bernal insiste en que la Junta no se opone a la regulación ni a la lucha contra la oferta ilegal, pero sí a la imposición de un sistema que, según denuncia, genera más costes y trámites innecesarios para los administrados y no respeta el reparto competencial. «Estamos profundamente en desacuerdo con esta actuación que ha hecho el Gobierno de España, que además de otros inconvenientes jurídicos, tiene un vicio de inmunidad completo», ha recalcado.

Polémica con la ministra

La polémica se produce después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, criticase que algunas comunidades autónomas «pongan palos en la rueda» recurriendo el registro estatal, y defendiese que lo que demanda la ciudadanía son «soluciones para garantizar el acceso a la vivienda y evitar la especulación», no debates sobre competencias.

La Junta, por su parte, insiste en que su objetivo es lograr un registro «adecuado y racional» que no duplique obligaciones y que respete la autonomía de las comunidades para regular el turismo en sus territorios, en línea con lo que establece la normativa europea.