Andalucía llevará al Congreso una propuesta de ley para que los menores tengan gafas gratuitas

La Cámara autonómica prevé en su reglamento la facultad de aprobar proposiciones de ley de alcance estatal que posteriormente se trasladan para su tramitación al Congreso de los Diputados. A esta posibilidad reglamentaria recurrió el grupo parlamentario de Adelante Andalucía –el más pequeño del Parlamento, con solo 2 de los 109 diputados que componen la Cámara– para presentar la propuesta de que la Administración provea de gafas gratuitas a todos los menores de edad y a quienes no puedan pagárselas.

En el texto de la propuesta se asegura que hasta hoy los productos ópticos y de salud visual no han sido considerados como de entidad suficiente para que fueran incluidos al completo en las carteras de servicios o su inclusión se ha ido postergando durante décadas, lo que ha provocado que el cuidado de la visión quedara a expensas de la capacidad económica de las familias.

Según la propuesta presentada por Adelante Andalucía, diferentes estudios revelan que, como consecuencia de esta situación, el uso de gafas y lentillas ha adquirido un sesgo de capacidad económica y también territorial. El porcentaje de población que los utiliza en Andalucía está seis puntos por debajo de la media nacional, según el anexo al texto de la propuesta de ley, que alude al concepto de «pobreza visual».

La propuesta ha conseguido convertirse en transversal y recabar el apoyo de todos los grupos del Parlamento en un raro ejercicio de consenso en la política andaluza. El portavoz del Partido Popular, Toni Martín, cuyo grupo tiene la llave de las decisiones que se adoptan en el Parlamento con una cómoda mayoría absoluta, subrayó que a pesar de que el grupo proponente se encuentra en las antípodas ideológicas del suyo, el apoyo a la iniciativa responde a las instrucciones dadas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de buscar acuerdos y consensos con otras formaciones cuando se trate de cuestiones que puedan beneficiar a una mayoría. «Lo importante es qué se propone y no quién lo propone», dijo en su intervención.

El portavoz de Adelante Andalucía y ponente de la iniciativa, José Ignacio García, enfatizó que el derecho a ver bien no puede depender del dinero que tenga cada uno ni convertirse por lo tanto en un privilegio de clase, por lo que señaló la obligación de hacer algo desde la política para remediarlo.

García fundamentó que este problema se aborde desde una ley de alcance estatal en la necesidad de que se convierta en un derecho y que esté financiado con fondos públicos estatales para que beneficie a todo el país. «El andalucismo no es excluyente, es universal –subrayó–. Queremos avanzar en derechos para la ciudadanía andaluza que repercutan en las clases populares de todo el país».

La socialista Pilar Navarro reprochó que el PP solo esté de acuerdo con medidas de este tipo cuando la carga financiera recae en el Gobierno central y reivindicó que durante los gobiernos socialistas la Junta aprobó cambios como la financiación a cargo del Servicio Andaluz de Salud de la atención bucodental a menores de seis años y el parche de insulina a enfermos diabéticos.

Ana Ruiz, de Vox, celebró que sea una iniciativa que, de aprobarse, se aplicará en el conjunto del país y Juan Antonio Delgado, de Por Andalucía, pidió avanzar también en otras prestaciones sanitarias como la salud mental.

Según el estudio de impacto económico que figura como anexo a la propuesta de ley, el coste anual de la aplicación de la medida en menores de edad sería de 261 millones de euros en toda España y de 50 millones en Andalucía, mientras que la financiación de las gafas para mayores de edad en riesgo de pobreza supondría una inversión anual de 447 millones de euros en todo el país, de los que 90 millones deberían destinarse a Andalucía.

Con la aprobación por unanimidad de la toma en consideración de esta propuesta, el Parlamento de Andalucía no ha hecho más que dar el primer paso. La propuesta de ley irá ahora a la Comisión de Salud, donde comenzará la tramitación parlamentaria igual que cualquier otra ley y se escuchará a los colectivos implicados.

Cuando termine ese proceso, la propuesta volverá a la Cámara para su aprobación definitiva junto a sus eventuales enmiendas y su traslado al Congreso de los Diputados. Llegado ese punto, el Parlamento deberá designar a tres miembros de la Cámara para que defiendan la propuesta tanto en el Congreso como en el Senado.

Solo si entonces consigue la mayoría, la propuesta nacida en el grupo más pequeño del Parlamento de Andalucía tendrá rango de ley en todo el territorio nacional.