Andalucía justifica su rechazo a la «imposición» del Gobierno para repartir menores migrantes como «mercancía política»

Así lo ha señalado el consejero en una atención a medios en Algeciras (Cádiz), y a preguntas de los periodistas sobre la decisión que adoptaron este pasado jueves los gobiernos de las comunidades autónomas del PP de plantar al Gobierno en la Comisión Sectorial de Juventud e Infancia para abordar el reparto de menores llegados a Canarias.

Antonio Sanz ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez «entiende que la política migratoria se debe hacer desde la imposición y no desde el diálogo, y sobre todo entiende que los menores inmigrantes son mercancía política» respecto a la que «se puede llegar a acuerdo» para su reparto «sin dialogar con las comunidades autónomas».

En esa línea, ha criticado que el Gobierno pretendía asignar a Andalucía la acogida de «677 menores», mientras que para Cataluña y el País Vasco no contemplaba enviar a «ninguno», y se ha preguntado «qué sentido tiene» ese reparto, y si es que Cataluña y País Vasco «son privilegiadas y no son solidarias».

«¿Es que ese es el pago del precio político por mantener en el sillón a (Pedro) Sánchez?», se ha preguntado también Antonio Sanz, quien ha incidido en señalar que «no se puede utilizar a los menores como mercancía política», y ha justificado que, por eso, desde la Junta de Andalucía le dijeron este pasado jueves al Gobierno de la nación que «basta de utilizar a los menores como mercancía política para pactos sólo pensando en el sillón de Sánchez» como presidente.

El consejero de Interior ha remarcado que Andalucía ha recibido «en los últimos meses a 634 menores inmigrantes mediante el engaño del Gobierno de España», que los mandó «diciendo que eran mayores» de edad, cuando «resultó que eran menores», y ha subrayado que el sistema de acogida andaluz «está colapsado».

«Tenemos prácticamente el 100% de la cobertura del sistema completa; en concreto, el 98%», ha subrayado el consejero, que ha defendido el criterio de la «solidaridad» para abordar esta cuestión, pero ha apostillado de que «la solidaridad tiene que venir de todos, no de unos privilegiados que tienen cero menores inmigrantes en el reparto y otros que nos tendríamos que hacer cargo sin capacidad».

En ese punto, ha defendido que «si queremos que los menores inmigrantes reciban una atención como deben, para eso hay que tener infraestructura, y Andalucía está al 100%» en su sistema, así como ha subrayado que «el Gobierno es el responsable de este asunto, y lo quiere hacer sin garantizar la financiación que ofrezca los mejores servicios a los menores inmigrantes».

«Andalucía da ejemplos diarios de solidaridad», y «esto no es una cuestión de rechazar menores inmigrantes», sino de «denunciar el comportamiento de un Gobierno que considera a los menores inmigrantes como mercancía política y producto de pactos para mantener sillones en el poder, y eso es una vergüenza», ha abundado Antonio Sanz, quien en esa línea ha agregado que «Andalucía quiere seguir acogiendo a menores, pero de manera ordenada, planificada y financiada, y, por tanto, con garantía».

«Tierra solidaria»

Así, ha subrayado que Andalucía va a «seguir siendo una tierra solidaria con los menores que lleguen, pero queremos preservar su mejor atención y la protección de los niños por encima de todo», y desde la Junta entienden que la gestión del Gobierno central en materia de inmigración es «un monumental desastre», de forma que «quiere romper el modelo que tenemos en Andalucía y que apilemos a los niños o en la calle o en los edificios».

«Y los menores no pueden ser tratados como mercancía», sino que «tienen que ser tratados como deben, como lo hacemos en Andalucía», ha continuado Antonio Sanz, que ha considerado que el que Cataluña y el País Vasco no vayan a recibir a «ningún» menor en este reparto solo se explica porque sea «una exigencia política» de ambas comunidades autónomas «para apoyar a Sánchez en el Gobierno», y en ese sentido el consejero ha denunciado que «tratar así a los menores inmigrantes es una vergüenza», y de ahí que Andalucía haya «rechazado la imposición que pretende el Gobierno de España».