Andalucía estudia recurrir el decreto de acogida de menores inmigrantes

Así lo anunció ayer la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que avanzó que se examinará la viabilidad jurídica de esta iniciativa porque el sistema de protección de menores andaluz «está ya saturado y colapsado y reventará», advirtió.

Loles López recriminó al Gobierno de Pedro Sánchez la «imposición de este decreto tal y como nos tiene acostumbrados, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia». A su juicio, «el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el interés de los menores, a los que no les importa apilar en edificios para proteger el sillón de Pedro Sánchez».

La responsable de menores de Andalucía destacó que «esta es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección de los niños y nuestro sistema de protección está ya saturado porque cada semana siguen llegando a nuestras costas menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos».

Loles López recordó «los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España metió en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad, de los que no quiere saber absolutamente nada y que el Gobierno andaluz está atendiendo a pleno pulmón».

La consejera exigió al Ejecutivo central que reconozca Andalucía como 'Frontera Sur', «una petición que Pedro Sánchez nos niega continuamente a pesar de estar a tan sólo 14 kilómetros del continente africano, mientras se lo concede al País Vasco». Asimismo, criticó «la hipocresía» del Gobierno por «no estar asumiendo sus competencias con los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional que le reclama el Tribunal Supremo, escudándose en la falta de recursos, mientras impone a las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes sin coordinación ni diálogo».

En el mismo sentido que la consejera de Inclusión Social se pronunció ayer también el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que consideró que el reparto «absolutamente sectario, poco realista y muy político al ser impuesto por el Gobierno a las comunidades autónomas.

Sanz dijo en Canal Sur Radio que «el sistema de protección de menores de Andalucía actualmente está casi al 100% de su capacidad», a lo que añadió que «si alguien se puede explicar que Cataluña y País Vasco no vayan a tener que afrontar la acogida de menores migrantes porque tienen pactos políticos para mantener en el sillón», argumentó.

Además, el titular andaluz de Presidencia sostuvo que «es lamentable que el Gobierno de España trata a los menores como mercancía política y tienen que ser tratadas como personas».

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, solicitó al Gobierno que se pronuncie y explique «por qué unos territorios más, en otros menos y por qué en otros sí y en otros no» con respecto a este reparto de menores.

Según Bendodo, «tiene que explicar por qué la mayoría de los menores tienen que ir a Madrid, Andalucía y Valencia y a las comunidades donde gobiernan sus socios de investidura no va ninguno, esto no puede ser porque no es serio».

Por último, el portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, defendió el planteamiento «riguroso» realizado por el Gobierno de España para distribuir a los menores migrantes no acompañados que han llegado a Canarias, Ceuta y Melilla, y pidió a los gobiernos autonómicos del PP que actúen con «solidaridad», solicitando especialmente al Ejecutivo de Juanma Moreno que «deje de torpedear» esta propuesta.