Andalucía cumple con la implantación de las dos primeras fases de la reforma judicial

Así, tras su entrada en vigor el 1 de julio de 2025 en 70 partidos judiciales, la reforma judicial se ha puesto en marcha el 1 de octubre en Marbella, Fuengirola y Torremolinos, los tres partidos andaluces incluidos en la fase II correspondientes a aquellos con órganos de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer que, además, desde el 3 de octubre asumen también las competencias sobre delitos sexuales, ha recordado la Junta en una nota de prensa.

Como en la primera fase de aplicación, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha adecuado las plantillas de funcionarios de estos tres partidos judiciales para adaptarlos al nuevo modelo de oficina judicial, con una inversión de 323.003,02 euros anuales para crear cinco nuevas plazas y 22 puestos de jefatura, según las nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) acordadas con los sindicatos.

En total se pasa de 34 juzgados unipersonales a tres tribunales de instancia formados por tres secciones cada uno (Penal, Civil y Violencia sobre la Mujer) y tres servicios comunes: Tramitación Procesal, General y Ejecución. Además, los tres juzgados de Paz dependientes de estos partidos judiciales (Benalmádena, Mijas y Benahavís) se convierten en oficinas de justicia municipales, con más funciones y autonomía.

La segunda fase afecta en Andalucía a 370 funcionarios. Las nuevas plazas creadas se distribuyen entre tres para Marbella (dos del cuerpo de Gestión Procesal y una de Tramitación), una de tramitador para la Oficina de Justicia Municipal de Benalmádena y otro para la de Mijas. El coste de estas nuevas plazas asciende a 228.341,15 euros y los complementos de las 22 jefaturas creadas (siete en Torremolinos, ocho en Marbella y siete en Fuengirola) suponen 94.662,05 euros. En total, entre las fases I y II se han creado 86 plazas (nuevas o estabilizadas) y 58 puestos de jefatura, con una inversión por parte de la Junta de Andalucía que supera los 4,5 millones de euros.

A ello se añade la adaptación del sistema de gestión procesal @driano (3,6 millones de euros); la inversión en equipamiento digital (16,2 millones); 1,15 millones para actualizar la orden que regula las retribuciones de los profesionales del Turno de Oficio a los nuevos requisitos de procedimiento, que exigen intentar un acuerdo antes de interponer cualquier demanda civil o mercantil; 20,7 millones de euros en obras para adecuar las sedes judiciales a la nueva estructura de las plantillas, más flexible y que requiere espacios amplios y diáfanos; o los 8,1 millones para implantar servicios de mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos (MASC).

En total, la Junta de Andalucía estima que la reforma supondrá una inversión de entre 54 y 56 millones para Andalucía una vez culminada la fase III para la que el 31 de diciembre de 2025 deberán adaptarse los doce partidos judiciales más grandes (las ocho capitales y las ciudades gaditanas de Algeciras, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, y Motril, en Granada).