Andalucía amplía las zonas de escolarización: las familias podrán optar a centros concertados y públicos
En los requisitos para la admisión contará también el patrimonio además de la renta
María Dolores Tortosa
Sevilla
Lunes, 17 de febrero 2020
El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo decreto de escolarización con el que se pretende avanzar en el derecho de las familias a ... la libre elección de centros tanto públicos como privados concertados. El decreto realiza «ajustes» en la actual legislación andaluza para la escolarización de forma que se garantice la posibilidad de elegir entre un centro público o concertado, para lo que se ha ampliado las zonas de influencia de estos. Cuando en dos semanas comience el proceso de escolarización para el próximo curso, la Consejería de Educación y Deporte habrá asignado un centro concertado a aquellas zonas educativas en las que no haya ninguno. De esta forma, las familias tendrán la misma puntuación para optar a un concertado que no esté en su zona de influencia. Esta posibilidad solo podrá aplicarse en los municipios en el que haya concertados y en el 82% no los hay, según reconoce el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda. La medida sí tendrá un gran impacto, ya que en el 18% del territorio afectado, grandes y medianas ciudades, vive el 75% de la población andaluza.
El decreto que marca las pautas de admisión en los centros públicos y concertados para segundo ciclo de Infantil Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato mantiene los distritos de escolarización, pero introduce cambios en la baremación de forma que además de la renta se tendrá en cuenta el patrimonio de las familias. Entre los criterios de preferencia están las víctimas de violencia de género y de terrorismo y los hijos de los empleados, docentes o no, que trabajan en los colegios e institutos.
El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, subrayó que el nuevo decreto nace con el consenso del consejo escolar y con el propósito de «aumentar las garantías» y proporcionar «mayor coherencia» en la planificación de la escolarización. Aunque la enseñanza concertada se ve favorecida, Imbroda insistió en que «no hay un plan oculto para ampliar el sector concertado», sino que se trata de garantizar la libertad de elección de centro y evitar la arbitrariedad de un sorteo cuando la demanda es superior a la oferta de estos colegios. Negó por ejemplo que se vaya a favorecer la construcción de privados donde no los hay, aunque sí admitió que será la demanda la que decida qué unidades de la pública o la concertada podrían suprimirse si la población escolar sigue disminuyendo como hasta ahora. Este año hay 13.000 alumnos menos que el anterior. El 77% de las plazas escolares de 6 a 16 años en Andalucía son públicas frente al 23% de privados concertados.
El consejero de Educación también afirmó que no se aplicará el distrito o la zona única de educativa en Andalucía, como ha exigido Vox y este partido firmó con el PP en el acuerdo de investidura del presidente, Juanma Moreno. «En un año y pico no se puede cambiar la inercia de 37 años de gobiernos socialistas, pero el decreto de hoy marca el camino», apostilló el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, asegurando que el Gobierno cumplirá los acuerdos con Vox.
Gran parte del decreto empezará a aplicarse el próximo curso de 2020-21 en primaria, secundaria y bachilerato, pero se deja para el siguiente otra de las grandes novedades que también favorecen a la concertada, la de la adscripción, de modo que los alumnos tanto de pública como privada de las primeras etapas sabrán con antelación en qué centro podrán cursar el bachillerato. La idea es estabilizar la oferta y la demanda y reforzar la coherencia entre etapas, evitando que alumnos de la concertada abandonen un centro en tercero y cuarto de la ESO para matricularse en bachillerato de un centro público, explicó el consejero. De esta forma, los alumnos pueden concluir con tranquilidad su etapa en el centro concertado que las familias hayan elegido y después seguir su camino en el centro público de bachillerato.
El decreto en principio no supone una gran alteración respecto a la actual legislación, en la que el 93% de los alumnos van al colegio que eligen en primera instancia y el 97% en segunda. La norma también cambia y mejora el sistema de puntuación para los casos en los que la demanda sea mayor a la oferta. En los criterios de prioridad se incluyen tener matriculado en el primer ciclo de
Infantil a un hijo o hija con la finalidad de fomentar la escolarización en esta etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada y el expediente académico del alumnado para su admisión en bachillerato. Han sido mejorados la existencia de hermanos matriculados en el centro se valorará con 20 puntos por cada uno, cuando anteriormente se otorgaban 16. En el criterio de renta per cápita anual de la unidad familiar se otorgan más puntos a las familias con menores ingresos (pasa de 2 a 4) y aumentan los tramos de renta que obtienen puntuación. Además, se introduce un factor de corrección patrimonia para aquellas unidades familiares que superen determinados umbrales. Respecto al criterio de discapacidad o trastorno del desarrollo aumenta tanto la puntuación como los supuestos y gradación de discapacidad del alumno, de sus tutores o guardadores legales o de sus hermanos. En cuanto al criterio de pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas se incluyen más supuestos de familias a los que se otorgan puntos en el baremo, destacando el apoyo a la familia numerosa, sobre todo a la especial y a la familia monoparental. Asimismo, se favorece a aquellas que tienen dos hijos frente a las que tienen uno solo. Se incorporan como nuevos tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo con la finalidad de fomentar la escolarización en esta etapa, y el expediente académico del alumnado para su admisión en bachillerato.
Pese al consenso del que habla el consejero, los sindicatos de enseñanza y los partidos PSOE y Adelante Andalucía han arremetido contra el decreto. CSIF, CC OO y Ustea (integrantes de la mesa sectorial de Educación junto a Ustea y Ampe) condenan que se haga «sin contar» con la comunidad educativa y lamentan que «incremente la supresión de unidades públicas», según Efe. El PSOE-A cree que el decreto de escolarización «denigra» la educación pública y es «lo peor que le ha pasado en 40 años».
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