Andalucía acogerá a 13 menores no acompañados procedentes de Ceuta

La consejera, Rocío Ruiz, ha señalado que esta decisión se produce después de escuchar la propuesta realizada ayer, miércoles, por el Gobierno en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y tras analizar con detenimiento la situación que vive la propia comunidad autónoma. «Andalucía es una tierra solidaria que cumple con sus obligaciones legales y morales y al principio de solidaridad interterritorial y por eso vamos a hacer frente a nuestro compromiso de acogida de estos 13 pequeños ya que la solidaridad, la ley y el interés de los menores están por encima de todo».

La decisión de acoger a estos 13 menores se produce tras la reunión celebrada ayer, miércoles, en el Ministerio de Derechos Sociales para buscarle destino a estos 200 menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta desde antes de la actual crisis migratoria. El Gobierno planteó un criterio para distribuir a estos niños y adolescentes en los diferentes territorios con el que la delegación andaluza no estuvo de acuerdo. Esta comunidad reclama que se tenga en cuenta su condición de frontera sur de España y de la UE y por lo tanto la mayor presión migratoria a la que está sometida.

El Ministerio propuso un reparto según el cual un 25 por ciento se adjudicaría según el nivel de paro y renta de cada comunidad; otro 25 por ciento, por número de habitantes y el 50 por ciento restante, según los recibidos durante el segundo semestre del año pasado.

Ruiz ha recordado que desde el primer momento el Gobierno andaluz ha manifestado su disposición a cumplir con su obligación legal de atender a los menores, «como no puede ser de otra manera, como establecen todas las leyes nacionales e internacionales, pero también como una obligación moral y humanitaria».

«La situación de la inmigración es un asunto de Estado de calado europeo, y así se lo hicimos ver ayer al Gobierno en el transcurso de la conferencia territorial que celebramos», ha señalado la consejera. «Andalucía es una tierra solidaria, cuenta con un sistema de atención a los migrantes que es referencia en España y que ha recibido el reconocimiento de las organizaciones implicadas, pero este trabajo ni podemos hacerlo solos, únicamente con nuestros medios, ni deberíamos hacerlo fuera de una planificación estatal de este fenómeno».

La consejera ha señalado que la Junta ha reclamado al Gobierno central que dote una partida presupuestaria específica que ayude a la Administración andaluza a atender a los menores, y apuntó que es hora afrontar de manera coordinada con todas las administraciones implicadas una política común que ofrezca una solución de Estado a la cuestión migratoria». «No podemos seguir afrontando esta cuestión con soluciones coyunturales, a golpe de respuesta improvisada a las crisis de cada momento, el Gobierno debe articular medidas, de acuerdo con las comunidades autónomas para dar la mejor solución a los migrantes», afirmó Ruiz.

La consejera aseguró que Andalucía cumple su obligación con Ceuta, y ha incidido en que la comunidad «afronta una presión migratoria mayor que el resto . Sólo desde el 1 de mayo han llegado a las costas andaluzas en pateras más de 70 niños y adolescentes no acompañados. «Ésta es nuestra realidad, que afrontamos con un sistema de atención de calidad y con el presupuesto de la Junta de Andalucía, ya que no recibimos ningún apoyo del Gobierno central», lamentó. Es por ese motivo, reclamó al Gobierno que tenga en cuenta la condición de Andalucía como frontera sur de Europa a la hora de planificar la respuesta a los movimientos migratorios.

Andalucía acoge en estos momentos a 1.700 menores migrantes en sus centros. La previsión que trasladan las organizaciones que trabajan en la frontera es que se está a las puertas de un verano complicado de incremento de llegada de migrantes. «Aunque hemos previsto un plan con previsión de plazas, nuestros recursos son limitados», afirma Ruiz. Por este motivo, el Gobierno andaluz reclama solidaridad a las comunidades que tienen menor o nula presión migratoria y una política de Estado «de altura, seria, rigurosa y coordinada en la que afrontemos de una vez por todas una solución de conjunto».