Advierten de que es la Junta, y no los ayuntamientos, la encargada de desinfectar los colegios ante la vuelta a clase

Este informe jurídico, emitido después de la consulta de varios municipios, respalda la postura de los consistorios y el contenido de sus demandas, y determina que la Junta de Andalucía no puede equiparar esa labor a la limpieza ordinaria de los centros, que sí es competencia municipal.

Los técnicos de Diputación consideran «no conforme a derecho» la actuación de la Consejería de Educación ni la de la Dirección de Salud y Familias de la Junta al equiparar las competencias de limpieza con la desinfección COVID-19 al considerar competentes a los municipios.

También al haber «omitido» el procedimiento previsto de atribución de competencias dictando una orden al margen del consejo de concertación local.

Señala igualmente que es la Junta de Andalucía, administración responsable de la gestión sanitaria, la competente para llevar a cabo esas tareas y que si pretende que sean los entidades locales las que corran con los gastos correspondientes se debería acordar la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras.

La diputada de Asistencia a Municipios, María Ángeles Blanco, ha explicado que el informe está siendo remitido a todos los ayuntamientos «para que tengan la información».

«Creemos que bastante esfuerzo están haciendo los municipios para que además tengan que encargarse ellos directamente de este sobrecoste y de esta limpieza», ha subrayado en un comunicado.

El pasado 7 de agosto más de un centenar de alcaldes de la provincia de Granada se concentraron a las puertas de la sede de la Junta de Andalucía para exigir a la administración autonómica que destine recursos económicos extraordinarios para que los ayuntamientos puedan realizar las tareas de desinfección y limpieza extraordinaria para la prevención sanitaria establecidas para luchar contra la COVID-19 en los centros escolares durante el curso.

En una solicitud firmada por estos alcaldes, instaron a las Consejerías de Salud y Familias, y de Educación y Deporte, a que establecieron un marco de coordinación entre administraciones o arbitraran los fondos necesarios para que los ayuntamientos puedan, en este caso, «afrontar una tarea de prevención sanitaria que es competencia de la Junta de Andalucía».