El acuerdo de Doñana en cuatro claves

Después de meses de un incesante fuego cruzado en el que no faltaron las descalificaciones –más y más graves desde el Gobierno hacia la Junta que en la dirección contraria– el anuncio de una vía de solución sienta las bases para resolver el problema, pero no constituye, ni mucho menos, una solución definitiva.

El punto de partida hay que buscarlo en la presentación, el pasado febrero, de una Proposición de Ley en el Parlamento de Andalucía por la que el Partido Popular y Vox impulsaban una recalificación de suelo en la corona norte de Doñana que legalizaría unas 700 hectáreas de regadío en un momento en el que el acuífero que abastece al Parque Nacional se encuentra en una situación desesperada. El texto señalaba que estas nuevas hectáreas sólo podrían tener acceso a aguas superficiales, que sólo llegarán a la zona cuando se ejecuten obras de infraestructura hídrica pendientes.

Desde ese momento, el Gobierno, con Ribera como ariete, se puso a la cabeza de la oposición a la iniciativa, que cosechó el rechazo de Bruselas, las asociaciones ecologistas, una parte de los regantes de la zona, la comunidad científica y toda la izquierda parlamentaria. En apoyo de la iniciativa se alineó la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que integran ayuntamientos de la zona, empresas y cooperativas agrícolas y sindicatos. Estas posiciones encontradas quedaron en evidencia durante la tramitación de la ley, en la que pareció que no habría fórmula posible para una salida negociada.

La controversia atravesó dos campañas electorales y cuando a la ley sólo le faltaba su aprobación final, apareció la voluntad de consenso que ambas partes declamaban para sí y negaban al contrario.

Sorpresivamente, menos de 24 horas antes de que la aprobación de la ley fuese incluida en el orden del día del próximo pleno, Ribera viajó a Sevilla para reunirse con Moreno y se anunció un principio de acuerdo. La aprobación de la ley se postergaría un mes y en ese tiempo se buscaría una solución para la que el Gobierno destinará 350 millones de euros.

El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, que ante una iniciativa similar en la anterior legislatura se había abstenido para propiciar una salida negociada, optó al presentarse la Proposición de Ley en febrero por votar en contra de su toma en consideración, condicionado por la postura beligerante del Gobierno encabezada por Teresa Ribera, que no le dejó margen de acción. Casi de inmediato el país entró en una dinámica electoral que alejó cualquier posibilidad de entendimiento, una situación que dejó al PSOE de Andalucía en una encrucijada entre la posición del Gobierno y los reclamos de sus alcaldes en el territorio. El pasado martes, en su comparecencia conjunta con Juanma Moreno, la vicepresidenta mencionó el interés que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, partidario desde el inicio de una salida negociada, había mostrado para solucionar el problema.

En el Gobierno tenían motivos para intentar reconducir el asunto. Desde el punto de vista legal, la aprobación de la proposición de ley, repudiada por Bruselas, hubiese dejado al Ejecutivo en una situación incómoda en Europa, que ya ha multado a España por el incumplimiento de la sentencia comunitaria que obliga a recuperar el acuífero que nutre a Doñana. Ribera aludió veladamente a esta situación al afirmar que las administraciones no necesitan que intervenga un tribunal para ponerse de acuerdo.

Los resultados electorales de este año, que demostraron que el PP cosechó más que el PSOE con esta confrontación, también tuvieron su influencia. Los populares ganaron por primera vez la Diputación de Huelva y en las generales los socialistas perdieron por 300 votos su tercer escaño en esa provincia. Un diputado es ahora la diferencia que obliga a Pedro Sánchez a conseguir el voto favorable de Junts y no le baste con una abstención. Con la repetición electoral como uno de los escenarios posibles, Huelva podría convertirse en una plaza clave.

Y si no hay repetición, el desembarco del Gobierno en esa provincia con 350 millones de euros para un plan de reconversión económica también puede ayudar a construir un relato político que equilibre las críticas por las posibles cesiones a otros territorios.

Por el otro lado, la reacción adversa de Bruselas que siguió a una iniciativa diplomática en la que el Gobierno de España se volcó con todos sus recursos, la previsible campaña en los mercados europeos contra los frutos rojos españoles que seguramente sucedería a la aprobación de la ley y la dificultad para mantener el discurso de la 'Revolución verde' también había creado una situación incómoda para la Junta. La norma iba camino del Tribunal Constitucional, con la posibilidad de que su aplicación quedara en suspenso. La oferta del Gobierno de España de una solución negociada dio a Juanma Moreno la opción de una salida a ese laberinto.

Moreno siempre mantuvo que su solución al problema era la Proposición de Ley, pero que si el Gobierno tenía otra, que la pusiera encima de la mesa. El Gobierno argumentaba que no había nada de qué hablar mientras no se retirara la ley. La fórmula de postergar una aprobación que era cuestión de días da una salida airosa a ambas partes.

En el Ministerio de Transición Ecológica aseguran que las conversaciones con el Gobierno andaluz para desatascar el asunto comenzaron a principios de septiembre, una versión que en la Junta no confirman. Sí es seguro que el miércoles 20 de septiembre, cuando el PP anunció que no llevaría la aprobación de la ley al pleno del día 27, lo que suponía postergar la votación hasta el 11 de octubre, las negociaciones ya habían comenzado tras una llamada de Ribera a Juanma Moreno. Para entonces, los agricultores, que habían gestionado permisos para ambas fechas para manifestarse frente al Parlamento en apoyo de la aprobación de la ley, no tenían noticias del giro de los acontecimientos. A Vox, coproponente de la ley, la novedad también lo tomó por sorpresa.

La Junta puso como condición para cambiar de planes que los agricultores entraran en el acuerdo y el pasado lunes por noche, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado fue citada para una reunión a primera hora del martes en el Ministerio de Transición Ecológica con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. En esa misma noche del lunes, en la agenda de la vicepresidenta, que es pública, se incluyó la reunión del día siguiente en Sevilla con el presidente de la Junta. El Gobierno andaluz no confirmaría oficialmente la cita hasta el mismo martes, y la comparecencia conjunta fue anunciada apenas momentos antes de producirse, lo que apunta a que algunos flecos del acuerdo no estaban aún cerrados. De hecho, en la reunión con los agricultores, Morán habló de un plan de 200 millones de euros y horas después la ministra hizo el anuncio de los 350 millones.

Las partes llegan con expectativas diferentes sobre cómo es la salida que propone el Gobierno, a qué deben destinarse esos 350 millones de euros. Los agricultores que ya se veían con el valor de sus tierras multiplicado aspiran a que se pongan sobre la mesa propuestas concretas que les supongan una situación similar a la que obtendrían con la opción que ahora ha quedado aparcada. Sin embargo, la vicepresidenta ha puesto dos líneas rojas: ni más agua para riego ni más compra de suelo que la que ya estaba prevista. Ribera se niega en rotundo a que quienes han estado regando y explotando el acuífero ilegalmente perciban compensación alguna, y eso estrecha los márgenes del acuerdo.

Por el contrario, las propuestas irán por proponer para la zona una reconversión económica como la que en su día se hizo, también por motivos medioambientales, en la cuenca minera de Asturias o fórmulas similares a las que se están proponiendo para la reconversión de la industria alimentaria en el Mar Menor.

El Gobierno tiene previsto involucrar en esta actuación a seis ministerios, incluido el de Interior ya que uno de los asuntos que se pondrá sobre la mesa será la agilización en la contratación de jornaleros marroquíes, dado que la falta de mano de obra dificulta en ocasiones la recolección de las cosechas.

Para ello, a partir de este lunes comenzará a trabajar la mesa técnica con representantes del Gobierno en funciones y de la Junta de Andalucía.

La solución definitiva aún está lejos, sobre todo porque la Plataforma en Defensa de los Regadíos, que ya celebraba la recalificación de los suelos, mira con desconfianza al Gobierno y no quiere someterse a una estrategia que pase por introducir nuevos actores, lo que les restaría el protagonismo que han tenido hasta ahora.

El Gobierno andaluz ha puesto a estos regantes prácticamente como árbitros del conflicto y adelanta que no firmará un acuerdo que no cuente con su aprobación. Una de las incógnitas es si la Junta se involucrará para que acepten las propuestas que se pongan sobre la mesa o dejará esa labor al Ministerio.

La tramitación de la ley sólo ha sido demorada. En rigor parlamentario no puede hablarse de paralización ya que el dictamen aprobado en comisión sigue vivo a la espera de que sea incluido en el orden del día de un pleno, algo que podría suceder en cualquier momento de una legislatura a la que le quedan tres años por delante.

Juanma Moreno no ha dado tanto tiempo; sólo ha hablado de un mes. Ese es el plazo que las partes tienen para ponerse de acuerdo y entonces se sabrá si el armisticio desemboca en la firma de la paz o si se reanudan las hostilidades.