Más de 30.000 puestos de funcionarios serán cubiertos en Andalucía tras admitirse una ILP

La iniciativa salió adelante con los votos a favor del PSOE y Adelante Andalucía, y la abstención del PP, Ciudadanos y Vox. Del total de casi 30.000 plazas en «fraude de ley», 902 corresponden a la Administración General; 388 a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad.

La toma en consideración supone tramitar una ley para habilitar la convocatoria de un concurso de méritos, una solución excepcional «para una situación extraordinaria y absolutamente injusta», según el portavoz de la comisión promotora de la iniciativa, David Núñez.

El portavoz ha destacado el enorme número de interinos en situación de «fraude de ley y los años que llevan en esta situación». «Estamos hablando de personas que están en esta situación por un abuso de la temporalidad por parte de la Junta«, ha señalado.

Ésta es la segunda vez en 31 años que se utilice el llamado «escaño 110» del Parlamento de Andalucía, que permite a los ciudadanos defender en el hemiciclo iniciativas legislativas mediante la recogida de firmas, más de 50.000 en este caso.

Estos funcionarios han aprobado ya una oposición, aunque sin plaza, por lo que «han demostrado más que de sobra que tienen capacidad para ejercer sus funciones«, ha resaltado el portavoz.

Sostienen que la vía del concurso de méritos está prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, como medida extraordinaria y siempre que se apruebe por ley, que es el objetivo de esta ILP.

Dicha convocatoria estaría abierta a todas aquellas personas que hayan ocupado puestos de funcionario interino, aunque hayan sido cesadas.

Beatriz Rubiño (PSOE) ha abogado por dar estabilidad a los funcionaros interinos en base a lo recogido en los presupuestos del 2017, ha esgrimido que el devenir de la administración ha dado lugar a una bolsa de funcionarios interinos y ha defendido la oposición que valore el concurso de méritos.

«Ya ha demostrado que son más que capaces en el desempeño de su trabajo, donde ha dado la cara cada día durante años«, ha dicho.

El popular Pablo Venzal ha compartido la inquietud de los funcionarios y ha considerado que la iniciativa que plantean «no es la solución», pero cree que hay que permitir su tramitación para estudiar otra vías de acuerdo en el trámite parlamentario.

«La seguridad jurídica y la constitucionalidad de la propuesta se ponen en cuestión en el informe de los letrados del Parlamento», ha advertido.

Julio Díaz (Ciudadanos) ha valorado la iniciativa, ha culpado de la situación de estos funcionarios a los anteriores gobiernos de la Junta por las altas tasa de interinidad, pero ha opinado que hay que dar una oportunidad a la proposición.

Por Adelantes Andalucía, Ismael Sánchez, ha opinado que la iniciativa da una «lección a los diputados» con su impulso a la propuesta, por lo que ha mostrado su apoyo a una reivindicación «justa y participada» y ha propuesto crear un grupo de trabajo que aborde el problema.

Alejandro Hernández (Vox), que tildó de «lógica y razonable» la demanda, ha aludido al informe jurídico de la Cámara, que «cuestiona» que el concurso de méritos que se propone afecta a los principios de seguridad jurídica y de igualdad, mérito y capacidad.