El dictamen provisional sobre los cursos fija el tope de responsabilidad política en Chaves y Griñán

Aunque descarta el menoscabo de fondos públicos y admite que no ha existido «ni premeditación ni connivencia para no desarrollar eficazmente» las políticas de la formación, el dictamen de síntesis, firmado por el presidente de la comisión, Julio Díaz (diputado de Ciudadanos), aprecia responsabilidades políticas por una gestión cuando menos «desordenada» y con numerosas irregularidades debido en parte a la falta de medios y funcionarios para hacer seguimiento a las millonarias ayudas concedidas.

Señala como responsables directos de la mala gestión a todo el escalafón de cargos que tuvieron algo que ver con los cursos de formación, desde los consejeros a los delegados provinciales, pero también atribuye responsabilidad política a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aunque no por competencia directa, sino por la de ser quienes nombraron a los gestores de los cursos y en el caso de Chaves, por el deber de vigilar.

Textualmente, el informe dice que los expresidentes «han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las consejerías y como tales son responsables». Se da la circunstancia de que el dictamen se ha conocido el mismo día que la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a rechazar que se investigue a Chaves y Griñán en el caso de los cursos, en esta ocasión referida a la ayuda concedida a la industria gaditana Delphi, que recibió más de 30 millones de euros para cursos de su personal despedido. La Fiscalía también se opuso al procesamiento de los expresidentes en la llamada pieza política de los cursos, archivada luego por la jueza instructora, María Núñez Bolaños.

El texto del dictamen provisional de 136 páginas fue registrado ayer tarde en el Parlamento andaluz, aunque Julio Díaz, diputado de C's, se negó a facilitar su contenido a los periodistas alegando que se trata de información «reservada». Este periódico al final tuvo acceso al documento a través de los grupos políticos del Parlamento.

Julio Díaz ha intentado hacer un trabajo de síntesis con las propuestas de los cinco grupos políticos con la esperanza de que, con algunas modificaciones en el trámite de alegaciones, pueda salir adelante en el Pleno del Parlamento casi como lo ha redactado. Para señalar a Chaves y Griñán, por ejemplo, utiliza los mismos argumentos 'in elegendo' e 'in vigilando' que hizo Izquierda Unida. Si bien, fija el tope de responsabilidades en los dos expresidentes y excluye a la actual presidenta, Susana Díaz, como sí reclaman PP, Podemos e Izquierda Unida. Sigue en este sentido la teoría de su propio partido, Ciudadanos, y del PSOE. Este partido negó cualquier responsabilidad de ningún cargo aferrándose a que no hubo menoscabo de fondos públicos y en el caso de Susana Díaz a que cuando accedió a la Presidencia (septiembre de 2013) hacía dos años que no se convocaban cursos de formación. El dictamen sitúa en mayo de 2012 el fin de las irregularidades, aunque la comisión tenía el encargo de investigar desde 2002 a nuestros días.

El menoscabo de fondos fue el más peliagudo de la comisión, pues aunque todos los interventores llamados a declarar dijeron que no detectaron pérdida de dinero porque este estaba a tiempo de recuperarse, el PP siempre se agarró al interventor de Huelva, Adolfo García Hernández, quien en su informe apreció «circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos». Julio Díaz hace un guiño al PP incluyendo este relato, pero no deduce que hubo pérdida de dinero pese a las irregularidades.

Su dictamen considera responsables de una gestión desordenada y llena de irregularidades a todos los consejeros y viceconsejeros de Empleo y Educación, directores generales de la formación, delegados provinciales del SAE y de Empleo desde 2000 a mayo de 2012. Es decir, no señala responsabilidades a ninguno de los actuales consejeros del Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando PP sí apuntó a Sánchez Maldonado y María Jesús Montero.

El dictamen no es definitivo. Ahora los grupos podrán presentar alegaciones y deberán ser votadas. Hasta mediados de marzo no habrá una conclusión de propuestas y responsabilidades políticas, que deberá ser refrendada por el Pleno del Parlamento.

La comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en los cursos de formación comenzó su andadura en octubre de 2015. A lo largo del pasado año comparecieron 66 personas, incluida la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

El dictamen incluye 52 recomendaciones, entre ellas una regulación integral de las comisiones de investigación y la aprobación de una Ley Andaluza de Formación profesional para el Empleo que recoja las singularidades propias de la comunidad autónoma.

Se propone también que la Junta esté sujeta a la legislación básica estatal en materia de subvenciones «derogando todos los preceptos de la normativa andaluza que no respondan estrictamente a singularidades organizativas» de la comunidad. También que se dote de personal suficiente a la formación, cuyos cursos se han reanudado este año tras el parón en 2011, cuando dejaron de convocarse.