El largo camino hacia el banquillo

Es más, el juez Álvaro Martín lo que viene a hacer en su auto es exactamente un trámite anterior a la apertura en firme de juicio oral: dicta la «acomodación de procedimiento» y da 45 días a las partes para que pidan el procesamiento, el sobreseimiento o nuevas diligencias, pero a partir de la práctica de una larga serie de documentos cuya presentación puede llevar incluso un año, según algunas fuentes, a partir del cual contará ese plazo de 45 días para que las partes aleguen. Habrá que ver qué decide el fiscal, que como se sabe no se pronunció durante el trámite en el Supremo, pese a que se le pidió específicamente por la sala de admisión, y dio un pase hacia arriba refiriéndose solo a la competencia. Pero todo hace pensar que a los citados en el auto de hoy nada les librará del banquillo.

Una generación de abogados va a poder vivir aún de los pleitos de los ERE en general y hasta de esta trama en concreto, me temo. O sea, queda mucho aún para saber la verdad.

«Si van al banquillo casi que va a dar igual, porque ya se les ha dado por condenados» decía un colega cuando por la mañana esperábamos de un momento a otro recibir el auto del juez Martín desde el gabinete del TSJA. Sin embargo, ni Chaves ni Griñán ni ninguno de los demás exconsejeros y altos cargos mencionados son aún responsables de nada y se hace obligado matizar . El magistrado decide que hay caso, algo que se daba por descontado después del auto del Supremo, y queda mucho hasta la sentencia firme que permita afirmar sus responsabilidades. También hay que precisar, frente a los amantes de trazo grueso, que no se trata de una corrupción al uso, es decir que ninguno de los implicados se ha lucrado personalmente, que no hay cuentas en Suiza, lavado de dinero en las tripas del partido, voces contando billetes, 3% para la familia, recalificaciones, áticos, 'putitas de confianza', cabezas de toro ni tantos detalles que nos sobresaltan cada mañana.

Sin embargo, es un golpe fuerte, y el auto es muy duro, para los propios imputados, en primer lugar, para la Junta de Andalucía y para el PSOE, un paso muy importante, contundente, que da por buenas las tesis de la jueza Alaya e que incluso enmienda al juez del Supremo, al añadir el delito de malversación a Griñán y algunos otros investigados, y que sitúa en más de 800 millones el dinero defraudado, una cantidad que hasta ahora no se había establecido.

Expertos consultados atribuyen la imputación de malversación a quienes pudieron tener conocimiento de los informes de Intervención pero creen que entra en contradicción con los argumentos por los que tanto el Supremo como la jueza Núñez Bolaños lo habían descartado.

Con todos, y frente a quienes pudieron creer que con la marcha de Mercedes Alaya se desactivaba el caso, entre ellos la propia Mercedes Alaya, el juez Álvaro Martín se dispone a llevar al banquillo a toda una época de poder socialista andaluz, casi 25 años aunque la indagación no se refiera más que a una década. Pone en cuestión a figuras clave de la política andaluza, dos expresidentes de la Junta y los consejeros Zarrías, Álvarez, Viera, Fernández, Aguayo, Vallejo, al ex interventor, al ex jefe de la oficina jurídica. Asimismo, cree delictivas sus políticas de ayudas a empresas, una parte 'core' del ideario de los gobiernos de Chaves, que hubieron de hacer frente a una honda crisis industrial a base de dar soluciones económicas a cambio de paz social; criminaliza el uso de partidas presupuestarias, la confección de los presupuestos, incluso considera que todos ellos sabían que estaban siguiendo un procedimiento ilegal para sortear los controles, que tenían conocimiento del trajín que se traían en la Dirección de Trabajo y que no hicieron nada por impedirlo.

Juristas prestigiosos observan el caso con ojo clínico, como entomólogos, y creen que alberga un debate interesante. Si se confirma que se trata de prevaricación administrativa puede sentar jurisprudencia, es decir aplicarse a otros casos. Aunque buscar coherencia a los fallos judiciales puede ser tarea endemoniada.

Se abre, pues, una nueva etapa en el largo proceso judicial abierto en 2010. Le queda un trecho hasta poder darlo por concluido, con una sentencia en firme que fije blanco sobre negro el relato. del «procedimiento específico».

Entre tanto, queda por rehabilitar del 'paseíllo' mediático a los 24 que han visto el caso sobreseído, entre ellos los exconsejeros Ávila, Martín Soler y Recio, o los consejeros de IDEA Medel, Romera, Moya-Angeler. ¿Volverá a contar Díaz con Ávila, por ejemplo, una de las mejores cabezas de la administración autonómica?

La incógnita añadida es ahora qué repercusiones políticas puede tener este auto en un periodo de campaña para unas elecciones más reñidas que nunca.

El PP, que se apunta un indudable tanto por haber sido quien ha sostenido la acusación particular desde los inicios, tiene dificultades para armar un discurso contra la corrupción, en vistas de los escándalos que le salpican cada día, aunque parezca que sus votantes los resisten. El auto de ayer les favorece su discurso andaluz y apaga el fracaso obtenido este miércoles en su intento de enfangar a la presidenta de la Junta en el caso de los cursos de formación, vía los sueldos de su marido.

Asimismo, está por ver cómo va a repercutir en un PSOE acuciado por el temor al 'sorpasso' y si a la presidenta Susana Díaz le va a funcionar el 'cordón sanitario' que estableció expulsando a los arrabales de la historia a sus predecesores. Incluso si va a perjudicar a sus expectativas de futuro liderazgo de su partido. Hasta se especula si va a dar alas a la 'gran coalición'.

C's, IU, Podemos sacan pecho mientras tanto. Y la mayoría de la sociedad andaluza asiste, entre apenada, horrorizada y curada de espanto, a un espectáculo que, sin duda, no se merece.