C's deja solo al PSOE y el Parlamento tumba por segunda vez un decreto de Susana Díaz

La situación vivida ha sido muy tensa para el PSOE. Todos los partidos de la oposición tenían intención de aprobar esta reforma destinada a favorecer a los ayuntamientos la gestión de los planes de la Junta. Entre otros aspectos corregía lo impuesto en la ley de que los ayuntamientos debían estar al corriente de los pagos con otras administraciones (Seguridad Social, Hacienda) para poder acogerse a las ayudas de la junta para los planes de empleo a parados de larga duración y a jóvenes, entre otros. Una cortapisa que dejaba sin programas a muchos ayuntamientos.

La reacción en contra del decreto no tiene nada que ver con esto, sino con una disposición adicional incluida en el texto que permite a los empleados laborales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) gestionar los programas. La oposición afirma que la disposición atribuye a los laborales funciones propias de funcionarios y anota un escrito de los servicios jurídicos de la Junta advirtiendo de que no se considera "acreditada la concurrencia de circunstancias que lo justifiquen".

Se trata de 1.550 antiguos contratados laborales de entes públicos ya extintos como Faffe, Updt y Memta que han sido ubicados en el SAE, a los que la Junta no puede despedir, porque hay sentencias en contra, y a los que tiene que buscarle una ocupación.Para los sindicatos esta no puede ser con potestades administrativas propias de funcionarios. Para la oposición el PSOE ha hecho "trampa" e intenta colar por la puerta de atrás en la función pública a laborales de las viejas empresas o de la llamada administración paralela.

Esta es la segunda vez que el Gobierno andaluz ve rechazado una ley en el Parlamento. La primera fue el pasado septiembre y también por un conflicto de funcionarios con laborales. En aquella ocasión el decreto permitía a los funcionarios que accedian a concursos de traslado contabilizar el tiempo que fueron interinos y la oposición se negó a que se hiciera con efectos retroactivos. El Gobierno se vio obligado a modificarlo para que fuera aprobado.

Lo destacado esta vez también ha sido la posición de Ciudadanos. El partido que viene apuntalando al PSOE con un pacto desde la investidura de Susana Díaz en junio pasado lo ha dejado solo esta vez. El portavoz adjunto, Sergio Romero, advirtió esta mañana que el PSOE le había ocultado a su partido y también a los sindicatos con los que negoció el decreto la disposición adicional sobre los empleados del SAE. El diputado de esta formación Carlos Hernández ha acusado al PSOE de "jugar sucio". El portavoz de IU, José Antonio Castro, lo ha calificado de "puñalada trapera". En los mismos términos el diputado de Podemos Jesús Romero lo ha tachado de "abuso", mientras que el del PP, Miguel Ángel Torrico, ha culpado al PSOE de cargarse los planes de empleo para los ayuntamientos.

"El decreto ley delimita con claridad la función de los trabajadores no funcionarios", ha afirmado con insistencia el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, durante el debate parlamentario. Maldonado, muy abatido durante la exposición, no ha logrado convencer a la oposición y al final los 47 votos socialistas no han bastado y el decreto ha sido derogado.