La Sareb cederá 400 viviendas para alquiler social a la Junta de Andalucía

Para llevar a cabo el acuerdo, la Junta debe indicar a la Sareb las localidades donde tiene más necesidad de viviendas sociales. La entidad entonces identifica dentro de su parque de viviendas en el perímetro de las zonas de qué pisos dispone con las características demandadas, ya que no cuenta con un volumen suficiente como para extender el uso, explicaron fuentes de la entidad, que recordaron que el principal objetivo de la misma es la venta de sus activos, procedentes de la 'burbuja inmobiliaria', para lo que cuentan con quince años de plazo, hasta 2027.

Fomento indica que ya está en la fase de inspección de las viviendas para conocer las condiciones de habitabilidad. Se han seleccionado 78 municipios de las ocho provincias, incluidas las capitales, donde se considera que existe mayor necesidad y poco queda más por añadir, ya que la consejería da por cerradas las condiciones de la cesión: abonará por cada piso una cuantía fija que se establece en 125 euros al mes si está vacío y en 75 euros si la vivienda está ocupada por sus propietarios originarios. En estos últimos casos, la consejería deberá regularizar la situación de esas familias a través de un contrato de alquiler social con el fin de normalizar su estancia y darles garantía jurídica. En el caso de Andalucía, los inmuebles que se cederán se encuentran en su mayoría libres, sólo hay 58 ocupados, a diferencia de lo que sucede en el resto de las comunidades, donde la proporción de ocupación es mayor.

Una vez firmado el convenio, las viviendas vacías pasarán a ser gestionadas temporalmente en régimen de alquiler por la consejería y serán puestas a disposición de las familias andaluzas que más las necesiten a través de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida. No obstante, la consejería tendrá la potestad de destinar esos activos cedidos al alojamiento de personas en especiales circunstancias de protección, suscribiendo a tal efecto los correspondientes convenios de colaboración con el resto de la Administración de la Junta o con los municipios afectados, indica el departamento del consejero Felipe López.

Las rentas mensuales que deberán abonar los futuros inquilinos serán «asequibles y se ajustarán a las condiciones económicas de las familias con menos recursos». Se garantiza que no superará el 30% de los ingresos netos actuales de la unidad familiar. Si las viviendas necesitaran obras de adecuación, los gastos serán compartidos por la Sareb y la consejería.

La operación ha despertado el máximo interés en la comunidad, donde el problema de la vivienda acucia, y el Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley, presentada por Podemos, que reclama a la Junta la firma de este convenio. Podemos quiere que se alcance la cifra de 850 viviendas, más del doble de las contempladas. El partido morado basa su iniciativa en «la necesidad urgente de adoptar medidas en materia de desahucios», especialmente en una comunidad que lidera la cifra de desahucios en España, con el 24% del total de lanzamientos registrados. A ello se une que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 77,6% de los desahucios registrados en 2014 lo fueron sobre vivienda habitual.

En la misma comisión parlamentaria, la portavoz de Vivienda del Partido Popular, Alicia Martínez, pidió que el Gobierno andaluz priorice la adjudicación de las viviendas de la Sareb a las familias que hayan sido objeto de un proceso de desahucio y reclamó que el Gobierno andaluz ponga estas viviendas a disposición de los ayuntamientos que no pueden negociar directamente y firmar convenios con la Sareb.