La Fiscalía pide investigar a un diputado del PSOE por si cobró sin trabajar

Por su condición de diputado Carmelo Gómez está aforado. Los fiscales piden a la jueza María Núñez Bolaños que haga una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitando la imputación de Gómez. La magistrada por lo pronto ha reclamado al Parlamento andaluz la confirmación de que Gómez es diputado, pero no ha dado el paso de la exposición razonada hasta no tener confirmación del Servicio Andaluz de Empleo y de la Tesorería de la Seguridad Social sobre su vida laboral.

Carmelo Gómez explicó ayer tarde a Europa Press que estuvo trabajando en la empresa Maginae Solutions de Juan Lanzas desde el 22 de marzo hasta el 1 de agosto de 2007 y en ese periodo desarrolló «todas las tareas» por las que se le contrató, «que fueron la elaboración de estudios e informes» y que, naturalmente, cobró por su «labor una nómina, como cualquier trabajador por cuenta ajena». Añadió conservar toda la documentación que acredita sus afirmaciones y dijo estar a la espera de que se le reclame por el juzgado para entregarla. Gómez aseguró desconocer las irregularidades de la empresa. «Si las hubiera conocido, las habría denunciado». Aludió que su caso es como el de muchos otros empleados que desconocen las posibles ilegalidades que puedan cometer los dueños de las empresas.

Mercasevilla es un mercado de mayoristas de capital mixto, siendo el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa estatal Mercasa los principales accionistas. La investigación de un soborno de los exdirectivos de Mercasevilla, entre ellos su exgerente Fernando Mellet, a los dueños del restaurante La Raza, condujo a la investigación de dos expedientes de regulación de empleo y al hallazgo de varios intrusos (personas que recibieron prejubilaciones sin ser contratados de la empresa), dando pie en 2011 al 'caso ERE' al descubrir la jueza Alaya que no eran los únicos intrusos en otros expedientes de regulación.

Contratos simulados

Pero en torno a Mercasevilla hay otras investigaciones, con Mellet en el epicentro, entre ellas las de un supuesto delito societario de la empresa pública, que guarda conexiones con el 'caso ERE' por las supuestas mordidas de Lanzas a la lonja.

La Fiscalía se hace eco de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que entregó a la jueza Mercedes Alaya, antecesora de Bolaños, un atestado señalando que Mellet abonó mediante facturas falsas 70.000 euros a las empresas de Lanzas y su testaferro y cuñado Ismael Sierra: Al andalus Mass Media Channel, Magina Solutions y Consulting Social Siemur. Un pago que coincide con las retribuciones de tres de sus empleados, el ahora diputado Carmelo Gómez; el exconcejal del PSOE José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas (imputado en los ERE).

La Fiscalía entiende que los tres contratos «pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna», por lo que pide a la jueza Bolaños que cite a García y Rodríguez como imputados y traslade al TSJA la petición de imputación de Carmelo Gómez. García y Gómez fueron concejales socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla, coincidiendo el segundo con Susana Díaz cuando esta fue edil. El PSOE aún no ha comunicado si, como en otros casos, Gómez deberá dejar el escaño si es imputado de un delito.