Juicios contra los okupas de la Corrala Utopía que provocó la crisis PSOE-IU

Entre los concentrados se encontraban dirigentes de IU, como su coordinador regional, Antonio Maíllo, y la anterior consejera de Vivienda, Elena Cortés, también de IU y a la que la presidenta andaluza, Susana Díaz (PSOE), le retiró temporalmente las competencias en vivienda cuando concedió una casa a los desalojados.

En los dos juicios de ayer por la ocupación de un bloque de viviendas vacío, que se prolongó entre mayo de 2012 y abril de 2014, la Fiscalía pide una multa de 720 euros a los dos acusados por un delito de usurpación, mientras que la propietaria del inmueble, Ibercaja, retiró su acusación.

Por ello, los ocupas consideran que se trata de un juicio «político», según afirmaron a Efe sus portavoces, que han mostrado carteles en los que defienden que «luchar por el derecho a una vivienda no es un delito» y en los que reiteran la necesidad de que los acusados sean absueltos.

En el primero de los juicios, el acusado, Jesús Antonio Aguilar, ha reconocido que ocupó una casa porque se quedó en paro y los servicios sociales no le ayudaron, y ha añadido que además tenía que darle una solución a su mujer, que estaba enferma. El subdirector de la Agencia de la Vivienda del gobierno andaluz, Rafael Ibáñez, que declaró como testigo, dijo que el desalojo se produjo un domingo a pesar de que el viernes previo se había llegado a un acuerdo con la propietaria del inmueble, Ibercaja, para darle una «salida social» a las familias.