El Parlamento reabre con la comisión sobre los cursos como asunto candente
El PSOE trata de blindar a Susana Díaz, a la que el PP quiere obligar a comparecer en plena campaña de las generales sobre el presunto fraude
MARÍA DOLORES TORTOSA
Lunes, 31 de agosto 2015, 02:05
El Parlamento vuelve a la actividad tras el mes de agosto inhábil. Seis de los 13 consejeros del Gobierno andaluz, entre ellos el vicepresidente y ... presidente en funciones, Manuel Jiménez Barrios, comparecerán en comisiones informativas a lo largo de la semana. Habrá junta de portavoces para decidir el orden del día del primer pleno del trimestre. Una normalidad parlamentaria que se verá alterada por un asunto candente en un trimestre con las elecciones generales como plato fuerte: la comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía.
El PP está dispuesto a su tramitación y la sacará adelante aunque el PSOE se oponga. Este partido no tiene mayoría absoluta y los líderes del resto de grupos de la oposición ya han manifestado que apoyarán la investigación.
La comisión no será inmediata por el trámite exigido, pero es posible que su desarrollo transcurra en plena campaña electoral de las elecciones generales, si se confirma que estas sean en diciembre.
Según el reglamento de la Cámara, el PP deberá elevar la propuesta a la Mesa del Parlamento, que debe admitirla a trámite. Los tres representantes del PSOE no podrán impedirlo si los cuatro restantes de cada uno de los partidos de la oposición votan a favor como han avanzado.
La propuesta será publicada en el Boletín Oficial del Parlamento y transcurridos siete días si ningún partido se opone, la comisión queda aprobada. Si cómo se prevé el PSOE manifiesta su oposición, será el Pleno de la Cámara el que debe pronunciarse, lo que obligará a un nuevo plazo. Tampoco aquí habrá problemas si Podemos (15 diputados), Ciudadanos (9)e IU (5) cumplen lo dicho y suman sus votos a los del PP (33), ya que todos juntos superan la mayoría absoluta (55).
Aprobada la comisión de investigación el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, deberá dar curso a su constitución, con representantes de todos los grupos y un presidente de consenso que vigile su funcionamiento. La última comisión de investigación aprobada fue la de los ERE fraudulentos en el verano de 2012, siendo su presidente el exdiputado de IU Ignacio García.
La comisión constituida deberá consensuar un listado de personas que deban comparecer, así como otro de documentos que solicitar a los servicios de la administración. En la de los ERE comparecieron 25 personas, entre ellas los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados luego por el Tribunal Supremo. Ambos podrían volver a ser citados en esta. El PP intentará que comparezca la presidenta de la Junta, Susana Díaz, algo que el PSOE tratará de evitar pactando con Ciudadanos o Podemos. La investigación judicial sobre el supuesto fraude alcanza hasta 2012. La Junta paralizó los cursos de formación en 2011. Díaz llegó a la Presidencia de la Junta en septiembre de 2013. Dependerá del resto de los grupos que comparezca o no, lo que añadirá tensión al debate político.
Conclusiones
Las personas llamadas a declarar deberán ser citadas con 15 días de antelación, salvo por urgente necesidad, en la que el plazo es de tres días, algo que no parece que sea el caso.
Una vez cerrado el proceso de consultas y declaraciones los grupos deberán proponer conclusiones para el dictamen final. Este será sometido a debate y votación en el Pleno de la Cámara. Sobre la comisión de los ERE no hubo acuerdo de los grupos (PSOE, PP e IU) y el dictamen fue considerado un fracaso porque no reflejaba las conclusiones reales de la investigación. En cualquier caso estas no serán vinculantes ni en teoría tienen repercusión judicial, si bien en el caso de los ERE fueron requeridas por la instructora del mismo, Mercedes Alaya.
La comisión de los ERE fue elevada a la Mesa del Parlamento el 14 de junio de 2012 y el debate del dictamen por el Pleno se realizó el 28 de noviembre de ese año. Duró, pues, seis meses, incluido agosto, que se declaró hábil a tal efecto.
Aún suponiendo que la de los cursos de formación sea aprobada en septiembre, cabe asegurar que sus conclusiones no se conocerán hasta después de las elecciones generales. Eso sí, las comparecencias de los políticos del PSOE a los que se les citará pueden transcurrir en plena campaña electoral. En la de los ERE las comparecencias fueron entre mediados de agosto y mediados de septiembre, dos meses después de ser admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.
La pugna que se avecina es obvia: El PP tratará de que sea así, mientras el PSOE utilizará todos los resquicios posibles para que se retrase y no coincida con las elecciones generales. La decisión estará en manos de Podemos y Ciudadanos.
El supuesto fraude de los cursos de formación, que también afecta a comunidades como Galicia y Madrid, gobernadas por el PP, es investigado tanto por la Policía nacional como por la Guardia Civil. En Andalucía hay hasta 18 juzgados con causas abiertas sobre el fraude, entre ellos el número 6 del que era titular la jueza Mercedes Alaya, quien ha imputado a dos exconsejeros socialistas, Antonio Fernández y Ángel Ojeda.
El Gobierno andaluz además realiza una investigación interna sobre las ayudas concedidas desde 2008, lo que implica la supervisión de 8.505 expedientes, con subvenciones que suman 1. 613 millones de euros. El Gobierno andaluz ha pedido el reintegro de 20,8 millones de euros concedidos, aunque las irregularidades pueden sumar 71 millones de euros.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
