El PP arremete contra las políticas sociales del Gobierno de Susana Díaz

El dato fue facilitado por escrito al PP en una respuesta parlamentaria por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. La pregunta, registrada en la Cámara por la propia Patricia del Pozo y el también diputado andaluz Javier Arenas el pasado 25 de junio, inquiere de forma específica por el número de personas en Andalucía que solicitaron acogerse a la Ley de Dependencia y que fallecieron antes de ser valorados por el Plan Individual de Atención o antes de llegar a percibir la prestación desde 2013 a 2015 y en cada provincia.

Los datos solicitados se circunscriben al tiempo en el que Susana Díaz lleva como presidenta de la Junta andaluza, cargo al que accedió en septiembre de 2013.

La Junta informó a los diputados en respuesta sellada el 25 de julio que en 2013 fallecieron 3.785 demandantes en dicho trámite; cifra que bajó en 2014 a 3.421. En lo que va de año el número es significativamente menor: 575. Sevilla y Málaga han sido las provincias con mayor número de fallecidos en 2013 y 2014, siendo lógico por tratarse las de mayor población.

Este año, sin embargo, las cifras varían. Málaga es la que acapara el mayor número de fallecidos (133), mientras que Sevilla, con 19, es la de menos óbitos. Cádiz (110), Córdoba (89) y Jaén (79), Almería (55), Granada ( 46) y Huelva (44) también superan a la provincia sevillana. En lista de espera hay 18.186 personas, cifra que, según otra respuesta parlamentaria de la consejera, no es «significativa», expresión que Patricia del Pozo lamenta.

La diputada del PP obvió los datos provinciales y se centró en los globales para calificarlos de «extremecedores» y preguntarse «¿cuántos andaluces tienen que morir para que la Junta de Andalucía actúe?». Agregó que las cifras «desenmascaran la gran falsedad de la señora Díaz en Andalucía» en políticas sociales y avanzó que su partido pedirá la comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento. «La situación provoca una gran tristeza y bochorno, más teniendo en cuenta que muchos de los fallecidos son personas de avanzada edad y aquí nadie es responsable ni dimite», añadió.

El PP quiso hacer ver que este ejemplo revela cómo los recortes y la falta de ejecución presupuestaria «puede poner en riesgo la vida de los andaluces», aunque del Pozo matizó luego que no pretendía relacionar la muerte de los dependientes con el hecho de que no recibieran las ayudas (destinadas a pagar a las personas que les atienden).

Réplica del PSOE

La respuesta del PSOE a las críticas de una de sus políticas estrella fue inmediata. La secretaria de Bienestar Social del PSOE regional, Isabel Armario, replicó a Patricia del Pozo con otras cifras. Recordó en un comunicado que la Junta destina a dependencia 1.131 millones de euros (casi tres millones diarios), «una cantidad similar a la que Rajoy destina a toda España».

Agrega que la Junta cubre el 80% de la financiación de la prestación, cuando la ley establece que Estado y comunidades deben sufragarlo al 50%. «El Gobierno de Rajoy ha recortado a lo largo de la legislatura un 16,4% los presupuestos destinados a las personas en situación de dependencia, a las que vuelve a dar la espalda en los PGE para 2016», añadió. También arremete con la decisión del Gobierno de Rajoy de retrasar desde 2012 la incorporación de los dependientes moderados, lo que ha dejado fuera del sistema a 450.000 personas.