La jueza del 'caso Aznalcóllar' imputa a la directora de Minas de la Junta

Así, la jueza cita para el 17 de septiembre a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta, al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos y a al directora general de Minas.

Además, Navarro cit como imputados para el día 25 de septiembre a Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria, y a Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.

La jueza considera imprescindible su testimonio para aclarar si es cierto que como dijo ante el juzgado la trabajadora de Invercaria que debía certificar la solvencia económica de Grupo México, Pilar Trujillano, no se realizó ningún informe específico sobre la solvencia económica de la firma, uno de los gigantes del sector, ni informó de si se cumplían los requisitos.

Asimismo, y respecto a los técnicos, la juez pretende conocer la viabilidad de las soluciones ambientales propuestas por la empresa ganadora, ante «las sospechas de contaminación que recoge el informe de la Policía», y concretar aspectos relativos a la inversión propuesta por cada compañía, ya que el informe policial habla de «errores palmarios y evidentes» en la baremación.

La presidenta de la Junta, que mandó parar la adjudicación al conocerse el auto de la jueza, sostiene que se trata de una pugna entre empresa. La Junta han presentado informes de la Intervención General y de sus Servicios Jurídicos que certifican la pulcritud de todos los tramites de adjudicación que el consejero, Sánchez Maldonado, ha calificado de «inmaculada».

La instrucción se realiza a denuncia de la empresa que perdió el concurso, Emerita Resources. La UDEF realizó un demoledor informe en el que estimaba que la Junta alteró los criterios de la Ley de Minas y actuó con discrecionalidad, y la jueza asumió buena parte de sus argumentos en un primer auto, en el que hablaba desde presunto tráfico de influencias, por la presencia de ex altos cargos socialistas, hasta falta de documentación o irregularidades en el pliego de condiciones, cohecho y negociación ilegal.

Tras el auto de ayer fuentes de la Consejería de Empleo valoraban que el proceso se acerca ya a un caso que corresponde a lo contencioso-adminstrativo, por que «se discute el acierto de la resolución» y mostraron su «absoluta confianza» en que los altos funcionarios imputados aclaren las «tres dudas administrativas».

Por su parte el PP-A exigió la «dimisión o cese inmediato» de la directora general de Minas y calificó la imputación como «otro jarro de agua fría más a la estrategia de la Junta de minimizar una actuación a todas luces irregular, que tiene demasiadas sombras, y sobre la que el gobierno andaluz se niega a dar explicaciones, limitándose a enmarcarlo en una disputa empresarial para evitar cualquier responsabilidad», dijo Jaime Raynaud.