El 'caso Aznalcóllar' arroja una sombra de sospecha sobre el Gobierno de Susana Díaz

El concurso para reabrir Aznalcóllar se resolvió el 20 de febrero en favor de Minorbis- Grupo México e inmediatamente la empresa perdedora, Emerita Resources, anunció que recurriría. Ayer se conoció, adelantado por el diario El Mundo, que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, de acuerdo con los atestados elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (UDEF) halla «al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que a lo largo de la investigación pueda ponerse de manifiesto, irregularidades graves» que incurrirían en prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o negociación ilegal. Fernández afirma incluso que «no se aprecia» que la entidad Minorbis-Grupo México «cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación». Por ello, la magistrada insta a la UDEF a que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio Coto, «como responsable de las decisiones adoptadas» en el proceso de adjudicación.

Las objeciones de la magistrada se refieren a «limitaciones, deficiencias y falta de rigor» de Minorbis-Grupo México en cuanto al certificado de grupo extranjero, el seguro de responsabilidad civil y la documentación aportada de las empresas que integran el grupo y pide a Asencio que aclare las valoraciones que llevaron a dar el permiso a esta empresa, cuando además su oferta económica era inferior a la de la otra compañía solicitante.

Incluso sugiere tráfico de influencias, por la presencia de un ex alto cargo de la Junta, Andrés Luque, en la empresa Magtel, matriz de Minorbis; añade que ésta ha recibido numerosas ayudas de la Junta y describe una supuesta conversación en la que Magtel habría afirmado que el concurso estaba ya dado.

La directora general de Minas y el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, dieron respuesta a lo que calificaron de «dudas» de la jueza, en una comparecencia de urgencia, en la que aseguraron que todo el proceso se había llevado a cabo «con limpieza, probidad y actuación honesta» de todos los implicados, trece altos funcionarios de diferentes áreas de la administración, y con la presencia de la Intervención General y los Servicios Jurídicos.

Fernández y Asencio pusieron «la mano en el fuego» por la limpieza del proceso, dijeron que en el auto de la jueza no se distingue qué dice el auto y qué pertenece al atestado de la UDEF y atribuyeron estas «dudas» a la complejidad del concurso, único convocado en su especie, y la minuciosidad de los baremos y las exigencias. Economía llegó a transmitir por streaming la resolución para demostrar transparencia.

Los altos cargos de Economía dijeron que esperan que todo quede aclarado cuando sean escuchados los expertos que han actuado y refutaron las reticencias de la jueza apelando al pliego elaborado.

También rechazaron cualquier amaño: Fernández habló con las compañías para animarles a participar, pero dijo que nunca nadie pudo decir que el concurso «estaba dado» y emprenderá acciones si se sostiene este extremo. En cuanto a Andrés Luque, ex delegado en Córdoba, afirmó que años después de salir del puesto entró en Magtel y que hacía tiempo que había dejado la firma cuando se convocó el concurso.