El PSOE vuelve a negociar para que Susana Díaz salga elegida presidenta este jueves

PP, Podemos y Ciudadanos, los tres que pueden facilitar la investidura (con los 5 de IU es insuficiente) demandan a cambio varias condiciones. El PP exige una bajada de impuestos diferente a la propuesta por Susana Díaz; Podemos pretende la ruptura con los bancos que desahucian y una reducción drástica de personal de libre designación, de director general para abajo; y Ciudadanos quiere que Chaves deje ya el acta de diputado. Ninguno se dio por satisfecho con el discurso de investidura de Susana Díaz, que recogía propuestas de todos ellos.

Los líderes de la oposición, Juanma Moreno (PP), Teresa Rodríguez (Podemos), Juan Marín (C's) y Antonio Maíllo (IU) le han pedido que sea generosa y asuma la negociación en persona. Susana Díaz ha calificado de «surrealista» que los partidos no presenten ninguna alternativa a la suya y no la dejen formar gobierno. El PSOE achaca la posición de bloqueo de los grupos a intereses tácticos cara a las municipales y autonómicas del 24 de mayo.

De hecho la mayoría de parlamentos y ayuntamientos pueden verse en una situación similar a la de Andalucía según las encuestas. La del CIS de la pasada semana solo auguraba mayoría absoluta del PP en Castilla León. En las doce comunidades restantes que también concurren este 24 de mayo a las urnas se necesitarán pactos y los partidos emergentes jugarán un papel importante.

Las encuestas publicadas este fin de semana por diferentes medios de comunicación, incluida la de este periódico, vaticinan la pérdida de la mayoría absoluta de casi todos los alcaldes del PP de las capitales andaluzas, salvo el de Almería. Si las urnas lo confirman, habrá necesidad de pactos.

En el caso de los ayuntamientos siempre será elegido alcalde el candidato con más votos sin más. Para la investidura de los presidentes autonómicos prima la fórmula recogida por la Constitución para el presidente de la nación, es decir, mayoría absoluta en primera instancia y mayoría simple en segunda. En casi todas las autonomías, como en Andalucía, puede darse la circunstancia de que el número de votos en contra sea mayor que el del candidato o candidata y tengan que convocarse elecciones si transcurridos dos meses (tres meses en el caso de Navarra) no prospera la investidura.

La fórmula difiere en algunas comunidades, ya que en el País Vasco pueden presentarse a votación más de un candidato en cuyo caso siempre será elegido el de mayor sufragio. Pero si solo hay uno como en Andalucía, también se aplica la mayoría simple.

Castilla la Mancha, caso aparte

Caso distinto ocurre en Castilla la Mancha y Asturias. En la comunidad en la que gobierna Dolores de Cospedal su estatuto señala que si ningún candidato obtiene mayoría simple en el plazo de dos meses, «quedará automáticamente designado el candidato del partido que tenga mayor número de escaños».

En el Principado de Asturias no se contempla la votación en contra, solo la abstención, por lo que aún siendo un candidato y estando fragmentado el Parlamento, saldría elegido sin problemas.

La fórmula de Castilla la Mancha era la que existía en Andalucía hasta la reforma del Estatuto de Autonomía en 2007. De hecho, el reglamento del Parlamento aún no ha actualizado este procedimiento. El Estatuto de Andalucía de 1981 establecía la designación automática del presidente de la Junta si, transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, la Cámara no ha logrado otorgar la confianza a ningún candidato.

Los juristas consideraron esta fórmula de dudosa constitucionalidad. Así lo expone Juan Cano Bueso, actual presidente del Consejo Consultivo andaluz, en un análisis de expertos sobre el nuevo Estatuto publicado en 2012. «Obsérvese que podía darse el supuesto aberrante de que, por virtud de la automaticidad, quedase designado presidente de la Junta un candidato expresamente rechazado por el Parlamento», expone Cano Bueso. Añade que para evitar dicha «incongruencia» se acertó en introducir en el Estatuto de 2007 la disolución del Parlamento y convocatoria de nuevas elecciones si en dos meses no había sido elegido nuevo presidente.

Tres años después de aquel análisis, se prevé que pueda ocurrir este extremo. Si ninguno de los grupos se abstiene para facilitar la investidura, el Parlamento se disolverá el próximo 5 de julio y Susana Díaz deberá convocar nuevas elecciones. Estas no se celebrarán hasta septiembre, ya que la norma andaluza considera que no puede haber elecciones autonómicas los meses de julio y agosto.