Fomento denuncia a cinco bancos por incumplir las 'buenas prácticas' hipotecarias

La denuncia fue presentada el pasado 23 de diciembre, recalcaron fuentes del departamento que dirige Elena Cortés, para evitar interpretaciones relacionadas con el final del pacto de Gobierno entre PSOE e IU. Se encuentra a la espera de que el ministerio público requiera la documentación complementaria. Se dirime en la Fiscalía de Córdoba, pues ha sido presentada por la delegación territorial en esa provincia.

Las entidades demandadas por Fomento son BBK-Cajasur, Unicaja, Banco Popular, Bankia y Caixabank y Fomento quiere investigar si su tratamiento a deudores hipotecarios usuarios de la oficina de Córdoba del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda suponen un ilícito penal.

La Consejería considera que el citado código de buenas prácticas es voluntario, pero que si se suscribe, como han hecho las entidades afectadas, deben cumplirlo. Fuentes del departamento indicaron que se han detectado otras irregularidades en más entidades.

Incumplimientos

Las denunciadas ahora se refieren a «novaciones al amparo del Código de Buenas Prácticas que pretenden dar transparencia a cláusulas suelo recogidas en la hipoteca objeto de reestructuración; imposición de la obligación de estar al corriente de pago de las cuotas hipotecarias para acogerse al Decreto; inicio de procedimiento de ejecución hipotecaria sin dar cumplimiento al Decreto ni atender las medidas previas al mismo recogidas en él».

Otras prácticas denunciadas son las de «imposición de la obligación del pago de los costes de formalización de la escritura pública; imposición de la obligación a la firma préstamos personales de estar al corriente de pago aun cuando traigan causa de un incumplimiento anterior de la propia entidad; incumplimiento de la obligación de informar adecuadamente a los clientes sobre la posibilidad de acogerse al Código; o incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 5.9 del Decreto, en lo referido a la llamada 'letra pequeña'.

Las fuentes recordaron que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda fue puesto en marcha en octubre de 2012 para evitar desahucios e intermediar ante las entidades financieras.