PP, PSOE e IU rechazan que sobornos del 'caso Enredadera' fueran a sus partidos

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha sido el primero en actuar al solicitar este lunes en un acto de conciliación previo a una querella por calumnias e injurias contra al exjefe de servicio de Parques y Jardines Francisco Amores, que rectifique sus afirmaciones, que considera atentatorias «contra su honor».

Amores afirma que tiene documentos que pueden perjudicar al propio alcalde de la ciudad, los cuales dice tener bajo custodia en una caja de seguridad de una entidad bancaria, según el atestado de la Guardia Civil incluido en el sumario. El funcionario, imputado pidió a los dueños de Fitonovo 350.000 euros, de los que una parte dijo que irían para ayudar en la campaña electoral del PP y en cuya conversación (grabada por el dueño de la empresa, José Antonio González Baró) también se menciona a un tal Joaquín, que la Guardia Civil relaciona con Joaquín Peña, exconcejal del PP en Sevilla, quien fue cesado de su responsabilidad del área de jardines hace un año nada más saltar el caso.

«Si es verdad que los tiene, que los saque, y si no desde luego le tendré que interponer una querella porque no estoy dispuesto a que se manche mi nombre», dijo Zoido sobre las declaraciones de Amores, según recoge Europa Press.

Igual de contundente se mostró el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, quien afirmó que el PSOE andaluz «no ha recibido ningún dinero de esta trama», en alusión a Fitonovo y filiales. En los autos de imputación del exconcejal socialista Manuel Gómez Lobo, Alaya señala que Fitonovo abonó pagos mensuales de entre 30.000 a 60.000 euros al PSOE a petición del citado en connivencia con el excargo socialista Domingo Enrique Castaño. También señala que la empresa de jardinería financió las obras de la sede socialista de Macarena (barrio sevillano).

Cornejo subrayó que si ambos (expulsados del partido socialista) utilizaron este para aprovecharse y coger dinero, «se encontrarán con el PSOE en los tribunales». Sobre la sede de Macarena dijo que era de alquiler y que ambos eran cargos orgánicos entonces de ella. «Tendrán que dar las explicaciones oportunas», añadió, subrayando que los servicios jurídicos del PSOE estudian querellas también sobre ello.

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, dijo que quiere ver «pruebas» sobre el cobro de mordidas de hasta 155.000 euros a Fitonovo, que Alaya atribuye a su formación en el auto de imputación del exconcejal en Sevilla José Manuel García, quien dimitió el pasado viernes por ello. Maíllo añadió, según Europa Press, que la justificación que hace Alaya en la imputación de García «deja mucho que desear», en referencia a que lo imputa por ser el edil de Deportes cuando Fitonovo se hizo con once contratos para instalar césped de campos de fútbol.