Máxima multa al 'banco malo' por no cumplir la función social de la vivienda
Fomento le condena a pagar 120 mil euros por no comunicar las VPO que tiene entre sus activos, mientras la Sareb anuncia que recurrirá
Lalia González-Santiago
Martes, 21 de octubre 2014, 00:53
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha multado con 120.000 euros, la máxima sanción contemplada, a la Sociedad de ... Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como 'banco malo', por «obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas». Se trata de un expediente abierto por no comunicar que cuenta con viviendas de protección oficial en sus activos. Además, Fomento anuncia que tiene otra investigación en curso a la misma entidad, aún sin resolver, por no poner a disposición de los registros municipales de demandantes las citadas viviendas de protección.
Se trata de la primera sanción económica que impone la Consejería de Fomento en aplicación de la Ley de Medidas de Función Social de la Vivienda, la controvertida 'Ley antidesahucios', que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances para que sean alquiladas en función de los baremos establecidos.
Un portavoz de la Sareb indicó que recurrirá la sanción por vía administrativa y explicó que la información solicitada fue facilitada a la Consejería, aunque no dentro del plazo establecido, debido a que la entidad se constituyó a mediados del año pasado y al elevado número de activos, más de doscientos, dijo, traspasado, que debían ser comprobados en los registros mercantiles respectivos para conocer el número exacto de VPO. Pese a ello, Sareb alega que informó a la Junta de esta imposibilidad de cumplir el plazo.
Respecto al segundo expediente, la Sareb rehusó pronunciarse porque dijo desconocerlo.
«Engaño» al TC
Fomento indica en un comunicado que la Sareb señaló en sus alegaciones previas a la resolución que impone la multa que no posee 911 VPO en Andalucía, como señaló en un informe incluido en el recurso del Gobierno central contra la Ley de Función Social de la Vivienda, sino 98.
En este sentido, afirma que el Gobierno central «recurrió la Ley, que actualmente está parcialmente suspendida de forma cautelar a la espera de sentencia, argumentando que dañaba los intereses de la Sareb en función de un número de viviendas diez veces superior al real. Es decir, el Gobierno engañó al Constitucional para forzar la suspensión cautelar de la ley», declaró la consejera, Elena Cortés.
Sareb se expone a una multa de 11,7 millones si estas 98 viviendas no son puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, 60.000 euros por piso.
La consejera Cortés declaró que «todas las viviendas protegidas, sea quien sea su titular, deben estar a disposición de las familias que las necesitan y las demandan a través de los registros municipales» y consideró de «extrema gravedad» de que la propia Sareb haya confirmado en una notificación que los datos con los que el Gobierno fundamentó su recurso contra la 'Ley antidesahucios' eran «totalmente falsos».
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