La ley de movilidad sostenible fomentará la bici, el transporte público y el tren

Se trata de un ambicioso proyecto que se vincula a las políticas de la coalición de izquierdas en este área, como 'La ciudad amable' o el plan de fomento de la bicicleta, y que quiere primar el uso del transporte público, de la bicicleta y los vehículos no contaminantes y del ferrocarril para mercancías, para hacer «más eficaz y sostenible» el transporte en Andalucía y «devolver el espacio público a los ciudadanos», para «corregir dinámicas especulativas».

La iniciativa quiere racionalizar las inversiones en obra pública, supeditándola a criterios de viabilidad económica, social y medioambiental, mejorar la eficacia en el gasto y fomentar el uso de medios públicos y no contaminantes.

Así, se contempla el principio de que «el que contamina paga», es decir que se imputarán los costes de la contaminación a quien la cause.

Se destaca que Andalucía está en 13,2 puntos por debajo de la media de la UE en uso de transporte público y 4,6 en bicicleta, mientras que usamos un 12% más el coche y la moto.

En este sentido, el anteproyecto prevé medidas para fomentar el uso de la bicicleta, como que los edificios de nueva construcción tengan aparcamientos para bicis, con el doble de plazas que viviendas, y que los vehículos de transporte público colectivo tengan espacios reservados para ellas.

Informe de costes externos

Fomento creará la figura del «gestor de movilidad» y obligará a la elaboración de «informes de costes externos» para medir la rentabilidad social de los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras de transporte, como una carretera, una vía ciclista o una plataforma de autobús, de modo que se tengan en cuenta no sólo su coste económico o demanda de viajeros, sino estos «costes externos» que se desarrollarán en un reglamento y que la consejera no especificó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pero que vinculó a la racionalización y la eficacia en el gasto.

Estos informes deberán incluirse en todos los proyectos de construcción, en el plan andaluz de movilidad y en los subordinados planes territoriales y urbanos en la materia.

Pago de infraestructuras

Por otra parte, el anteproyecto establece que todos los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un significativo incremento de la movilidad se acompañen de un estudio de impacto de la movilidad generada, es decir de la evaluación del incremento de desplazamientos y la capacidad de absorción de la mayor demanda, además de medidas para conseguirlo.

Los promotores estarán obligado a a pagar los gastos que resulten de los costes de las infraestructuras para la nueva movilidad generada, en el porcentaje que se establezca. Esto supone que si una urbanización aislada obliga a construir una nueva carretera, los promotores deberán pagarla en una parte.

Asimismo, el anteproyecto contiene medidas para fomentar el transporte público colectivo. Así, habrá plataformas reservadas en los planes territoriales y urbanos, cuando la velocidad comercial sea inferior a la del automóvil y se garantizará información sobre rutas y horarios y la compra por internet de los billetes.

Parque de vehículos

La consejera informó también que en el plazo de un año se realizará un plan de racionalización de la flota de vehículos de la Junta de Andalucía. La medida va a suponer la renovación del parque móvil autonómico, para dotarlo de vehículos de bajas emisiones y energéticamente eficientes.

Respecto a si se contempla la posibilidad de incluir en la norma la rebaja de impuestos para personas que fueran a trabajar en bicicleta, la consejera se limitó a indicar que se ha elaborado el anteproyecto que su departamento quiere remitir al Parlamento.