Una decena de juzgados andaluces investiga los fondos de formación

En Sevilla hay tres juzgados con diligencias abiertas, entre ellos el de instrucción 6 dirigido por Mercedes Alaya, que el pasado 24 de julio imputó y citó a declarar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por cinco tipos de irregularidades en las ayudas y becas concedidas a la empresa gaditana Delphi.

Además de la causa contra Ángel Ojeda en el juzgado de instrucción 2 de Cádiz por las subvenciones recibidas de la Junta, el juzgado número 3 de Algeciras (Cádiz) mantiene abiertas otras diligencias contra él por, presuntamente, pedir facturas falsas a una trabajadora que impartía cursos de formación para una de sus empresas.

En esta causa, la juez de Algeciras y la Fiscalía de Cádiz han pedido la inhibición a favor del juzgado de Mercedes Alaya, en un asunto pendiente de resolver por la Audiencia provincial, según han informado fuentes del caso.

En la rama de las provincias de Málaga y Granada, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detuvo a comienzos de julio a trece personas, todas las cuales quedaron en libertad sin que llegaran a pasar a disposición judicial.

En la actualidad hay abiertas diligencias por este presunto fraude en juzgados de las ocho capitales andaluzas excepto Jaén y los imputados están acusados de presuntos delitos de falsedad, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones.

En abril pasado, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en las que se habían detectado irregularidades "numerosas, persistentes y graves".

La Fiscalía afirmó que la gestión de esas ayudas "no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado", abre la puerta a "posibles y habituales irregularidades" y hay "una ausencia de control y seguimiento" del SAE a pesar de las recomendaciones recibidas en 2004.

En Sevilla también hay diligencias abiertas en el juzgado de instrucción 9, que en junio detuvo y dejó en libertad a 16 personas, entre ellos el extesorero de UGT-A Federico Fresneda y otros dirigentes sindicales por las presuntas facturas falsas del sindicato para justificar subvenciones.

El juzgado de instrucción 16, por su parte, mantiene imputados a Esther Azorit, exsecretaria de Salud Laboral de la Junta de Andalucía, y al secretario de Administración de CCOO en Andalucía, Miguel Ángel Soto Cubero, por presuntas irregularidades en los fondos destinados a salud laboral.

En cuanto a Ángel Ojeda, consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, un informe de la UDEF indicó que trece empresas de su entorno habrían recibido 14,6 millones de euros cuando su cuñada Teresa Florido fue la máxima responsable del SAE, entre 2011 y 2012.

Esta ex alto cargo, sin embargo, se ha querellado contra la líder del PP andaluz que ha realizado contra ella acusaciones similares ya que mantiene que una de sus primeras decisiones fue dirigir a su superior un escrito de "solicitud de abstención en los procedimientos que puedan tener como personas interesadas" a su cuñado y sobrina.