El juez levanta el secreto del sumario sobre el caso de las facturas falsas de UGT-A

El juez ha considerado que ya no es necesario mantener el secreto que pesaba sobre estas actuaciones desde septiembre de 2013, poco antes de que expirara el plazo, lo que ocurría a principios de este mes de julio. Ello da pistas también de la posibilidad de un rápido desenlace de la investigación judicial.

La decisión se ha conocido quince días después de que el magistrado ordenara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la detención de 16 personas relacionadas con la trama de facturas falsas y que fueron imputados por presuntos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones si bien quedaron en libertad sin fianza.

Las detenciones tocaron directamente a la estructura del sindicato en Andalucía relacionada con la gestión económica durante el mandato de Manuel Pastrana, que fue secretario general hasta 2013. Así, fue imputado quien está considerado su «mano derecha», el ex tesorero del sindicato Federico Fresneda, que ocupaba el cargo de vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A hasta la salida de Pastrana.

Aunque Fresneda dijo ante el juez que desconocía la existencia de facturas falsas, aseguró que todo lo que hacía estaba en conocimiento de la ejecutiva del sindicato y también apuntó hacia sus subordinados, que dijo que eran quienes se encargaban de las subvenciones.

Esta era la tarea de la secretaria de Gestión Económica de UGT-A, a cargo de María Charpín, también imputada, que es miembro de la comisión de garantías del sindicatos, lo que supone que el escándalo llega a tocar al confederal.

Una tercera persona del equipo de Fresneda está imputada por el juez García Vélez, Dolores Sánchez, responsable de compras de UGT-A. Ambas negaron conocer irregularidades, botes o rappeles, supuestas prácticas utilizadas por el sindicato para desviar dinero a una 'caja b.' Es lo que establece la investigación de la UCO, que indicó que estos métodos constituían no sólo una forma de «desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato», sino que incluso era «la vía más importante en la financiación» de UGT.

Los restantes procesados fueron directivos y empleados de diversas empresas suministradoras de Madrid, Jaén y Sevilla, que aseguraron haber actuado «dentro de la legalidad vigente» y siguiendo las «indicaciones, pautas y parámetros» que les marcaba el sindicato.