Más de 20.000 personas se manifiestan en Sevilla por la sanidad porque ahora «funciona peor que con Susana Díaz»

Así lo ha resumido en declaraciones el secretario de la organización, Antonio Barrera, quien ha ilustrado la gestión actual de la Junta de Andalucía en que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y su equipo «son 'Los hombres de Paco'».

Antes de empezar la manifestación, 'Spiriman' ha afirmado en declaraciones a los periodistas que esos «hombres de Paco» son «incompetentes e inútiles» que «no saben manejar» las listas de espera ni darle a los profesionales el trato que reclaman, así como que «están despilfarrando dinero con los planes de choque».

También ha lamentado que los dirigentes de la Junta «no han desmontado nada» y «siguen los mismos chiringuitos» en forma de agencias, empresas públicas y otros entes «con toda esa falta de transparencia y falta de fiscalización que la Cámara de Cuentas de Andalucía critica».

«Es sorprendente que el partido que exigía esa transparencia pues siga actuando igual que los de antes», ha añadido, antes de asegurar que echan en falta colaboración de la Administración respecto a la documentación que necesitan para denunciar contrataciones ilícitas, algo que «antes nos impedía por esa falta de transparencia el Gobierno de Susana Díaz». «Ahora se produce tres cuartos de lo mismo», ha subrayado.

Por su parte, el parlamentario de Adelante Andalucía Nacho Molina ha criticado la situación de la sanidad pública en la Comunidad, donde, a su juicio, el Gobierno de PP y Cs, con apoyo de Vox, la está dejando «morir por inanición en favor de la privada». Asimismo, ha advertido de la falta de iniciativas para paliar la sanidad pública.

Esta movilización se celebra justo una semana después de que aproximadamente 7.250 personas, según la Delegación del Gobierno en Andalucía, participasen en Sevilla, Granada, Cádiz y Málaga en manifestaciones convocadas por las mareas blancas con el lema 'La salud es un derecho, la sanidad pública no se vende'.

La marcha de este domingo ha empezado sobre las 12,00 horas en la Plaza Nueva, ha discurrido por la avenida de la Constitución hasta el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno autonómico, para después dirigirse a la Plaza de España, donde ha concluido sobre las 14,30 horas con la lectura de un manifiesto.

En dicha locución, la asociación señala que esta manifestación se convoca «ante el grave deterioro» que se está produciendo en la sanidad pública andaluza por la «nefasta» gestión realizada por el Gobierno del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, y que «deriva hacia una privatización encubierta de la misma».

Entre los motivos para la convocatoria de la manifestación, está que se abran hospitales para enfermos crónicos, que cualquier paciente pueda tener una habitación individual en los hospitales públicos y «ser tratado dignamente», un extremo que «ya prometió Manuel Chaves en su discurso de investidura hace ya unos 20 años».

Justicia por la Sanidad quiere que los hospitales públicos de Andalucía cumplan la «equidad» y cuenten con el mayor número de profesionales de todas las especialidades posibles, hospitales completos y multidisciplinares, incluidos los hospitales comarcales, que «han sido desmantelados en estos últimos años por el Gobierno socialista con el beneplácito de la oposición que hoy está en la Junta de Andalucía».

Además, piden una Atención Primaria donde los médicos de familia «tengan independencia» para recetar, derivar al especialista y mandar todo tipo de pruebas y «no estén sobresaturados en sus consultas viendo pacientes de forma mecánica», por lo que exige que la atención al paciente «sea de un mínimo de diez minutos», y quieren que «desaparezcan las productividades y que los profesionales sanitarios cobren sueldos dignos».

«Un profesional al servicio público bien remunerado es garantía de éxito para nuestra sanidad. No se puede comprar la voluntad de un servidor público por cumplir objetivos que van contra la salud del paciente», lamenta la asociación, que también solicita «que desaparezcan los nombramientos ilegales y demás puestos políticos del partido de turno de nuestra sanidad pública, que nos cuestan cientos de millones de euros de las arcas públicas y no sirven nada más que para crear un ejército de comisarios políticos bien remunerados».

También exigen que desaparezcan las agencias públicas empresariales sanitarias, fundaciones, y «otros chiringuitos» y «que se destinen esos cientos y cientos de millones de euros a la sanidad pública de verdad», así como «que desaparezcan los contratos basura y que se cumpla la ley para que se estabilice con contratos indefinidos a todos aquellos profesionales que llevan años trabajando y puntuando en la bolsa del SAS».

Igualmente, apuestan por la desaparición de las subastas de medicamentos y «no que les cambien el nombre de las mismas, como simplemente está haciendo el nuevo Gobierno andaluz, manteniendo aún las subastas de medicamentos y el 'corralito' farmacéutico», y que por parte del Portal de Transparencia del actual Gobierno se aporte a Justicia por la Sanidad «toda la información que solicita para acabar con el presunto fraude en las contrataciones de los servicios públicos que se está cometiendo, así como la información solicitada de las subastas farmacéuticas para poner estos hechos en conocimiento de la justicia».

Piden, además, que todos los trabajadores de las empresas públicas sanitarias de gestión privada «donde se desvían cientos de millones de euros que no se fiscalizan», se integren en la sanidad pública cumpliendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, «todos en las mismas condiciones, sin entrevistas personales y con ofertas públicas de empleo aprobadas por Consejo de Gobierno, como dice la ley y la Constitución».

Del mimo modo, abogan por «que se acaben lo conciertos sanitarios» con clínicas privadas y órdenes religiosas, que los servicios de limpieza, hostelería, lavandería y mantenimiento «no estén subcontratados ni privatizados y se reconozca el servicio realizado por estas personas para mantener en óptimas condiciones nuestros hospitales públicos» y «que se le dé prioridad en la atención de las lista de espera a todos aquellos pacientes con patologías graves, en especial a los pacientes oncológicos».

La organización exige que sean cesados de sus jefaturas todos aquellos médicos y enfermeros que han sido «partícipes y colaboradores necesarios de las fusiones hospitalarias» y que se invierta en la televisión pública en programas «de forma continua» de educación sanitaria para instruir a la población de cómo se deben utilizar los servicios sanitarios públicos y enseñar en la prevención de muchísimas enfermedades.

Defienden la «desaparición» de las guardias de 24 horas de los servicios de urgencias y determinadas especialidades, que «soportan tremendas y terribles cargas de trabajo, y se hagan por turnos de noche y se paguen en condiciones», así como que «se recuperen» todas «aquellas unidades desmanteladas y a aquellos magníficos profesionales maltratados por el anterior gobierno que huyeron a la privada».