La huelga deja una justicia «a medio gas» y solo lo esencial funciona con normalidad

Tras los paros parciales, entre las 10.00 y las 13.00 horas, de los primeros días, ayer se celebró una jornada de huelga general que secundó nueve de cada diez funcionarios, según los datos facilitados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), como sindicato mayoritario –junto a STAJ, CC OO y UGT–. La Junta de Andalucía, en cambio, indicó que habían secundado el paro en torno a un 39% de los profesionales llamados.

El calendario de movilizaciones que desarrollan las organizaciones sindicales –que están secundando gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial o médicos forenses, entre otros– es la consecuencia, según los convocantes, «de la nula voluntad por parte del Ministerio de Justicia de presentar una oferta de subida salarial al personal de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados».

Las subidas salariales que reclaman son 430 euros para los médicos forenses, 400 euros brutos para los gestores procesales, 375 para los tramitadores y 350 para los auxilios.

La huelga persigue también la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales (destinos, horarios, retribución de funciones, etc.) «sin previa negociación».

A pesar de que todavía no han trascendido datos oficiales de suspensiones de juicios y otros actos judiciales, los actores implicados aseguran que «están siendo bastantes». Eso sí, funciona con normalidad lo considerado «esencial», como por ejemplo los procedimientos relativos a casos de violencia de género.

A pesar de la huelga, en la Audiencia Provincial de Almería ayer no se suspendió ningún juicio. Su presidente, Luis Columna, señaló que «a pesar de que estaban casi todos los funcionarios de huelga y se funciona con servicios mínimos» se habían celebrado todos «porque los tres eran causas con presos».

La decana del Ilustre Colegio de Procuradores Almería, María del Mar Gazquez, trasladó que están «muy preocupados» porque se están volviendo a aplazar y suspender asuntos. «Esperamos con resignación que lleguen a un acuerdo cuantos antes», dijo tras enumerar que la pandemia y la huelga de los LAJ habían dejado tocado al sistema judicial.

«La huelga es legítima y tienen sus razones. Es verdad que están intentando perjudicar al sistema lo menos posible y en Almería no está habiendo tanta afección como en otras provincias, que está siendo mucho peor», aseguró Gazquez. «No hay mala voluntad pero estamos funcionando a medio gas», resumió.

Por su parte, el abogado Javier Gómez Granados indicó que la huelga estaba «mal gestionada» porque «se están suspendiendo los juicios sobre la marcha y esto causa un perjuicio evitable, porque se podría avisar con antelación, tanto a abogados como a clientes». «Están en su derecho, lo respetamos y defendemos, pero está siendo un descontrol porque están causando un perjuicio a los demás para reivindicar lo que es suyo», lamentó.

En cambio, el letrado Martín de los Reyes Martínez señaló que ayer mismo había asistido a un cliente en un juicio que se había celebrado «con normalidad» en el Juzgado de lo Penal 5 de Almería. «Está todo como más difícil a la hora de contactar con los juzgados pero no está siendo una incidencia tan grave como en la anterior aunque quizás con el paso de los días se pueda endurecer», aseguró.