Contra el feminismo radical

Y lo hace con cifras. El cirujano, que ocupó numerosos cargos de representación en el Partido Andalucista, asegura, por ejemplo, que en España se producen, desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia Doméstica en 2005, unas 140.000 denuncias por malos tratos al año; de ellas, sólo un 16% acaban en condena. Y sin embargo, ni una sola fémina ha sido nunca encarcelada por denuncia falsa.

A esta norma aprobada en 2004 dedica el autor buena parte de sus críticas, porque establece la «discriminación legal» de los varones, impone penas distintas a hombres y mujeres por los mismos hechos y lleva implícita la «presunción de culpabilidad» del sexo masculino. «Casi todo es delito de maltrato si el sujeto activo es un varón -indica-. Un hombre acusado tendrá que demostrar, si puede, su inocencia».

El libro recuerda que el testimonio de una mujer basta para que su pareja o ex pareja sea detenida y se le apliquen «medidas cautelares desproporcionadas», como la orden de alejamiento, la salida inmediata del domicilio familiar, la suspensión del régimen de visitas a los hijos o la inclusión de su nombre en el registro central de maltratadores. «Una vez calificado un varón como 'maltratador' (...) es susceptible de ser imputado por otros delitos de consecuencias mucho más graves, como delitos contra la libertad sexual en el ámbito de la pareja o sobre los menores», recuerda.

Por otro lado, una cuarta parte de las víctimas mortales de la violencia en el seno de la pareja son hombres, a pesar de que este tipo de crímenes solo se contabilizan cuando la autora es la esposa de la víctima, pero no si están separados o si es o ha sido su novia o su pareja de hecho. Si estos delitos también se sumaran, apunta, se demostraría que la violencia doméstica es de doble dirección.

El autor también destaca que el número de varones que se suicidan cuando están inmersos en un proceso de separación o divorcio es diez veces superior al de mujeres asesinadas por sus parejas, un fenómeno que, al menos, merecería un análisis atento de las autoridades.

Cifras exageradas

Pese a que casi 10.000 varones denuncian cada año a sus parejas por malos tratos, afirma, la ley niega la existencia de los hombres maltratados y deja en un segundo plano problemas igual de graves, pero mucho más extendidos, como el maltrato a niños y a ancianos. Por ejemplo, el sevillano hospital de Valme atendió en 2008 a 171 niños maltratados, pero sólo a 14 mujeres.

Para De los Santos, que fue adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz durante diez años, las cifras de maltrato en nuestro país están «sobredimensionadas»: la inmensa mayoría de las condenas se producen por insultos, amenazas o peleas sin consecuencias, y sólo un 4% (unos 500 casos al año) por lesiones. Y a pesar de que la criminalidad machista en España es una de las más bajas de Europa, uno de cada diez presos cumple condena por delitos relacionados con la violencia de género. En su opinión, las feministas instaladas en el poder han elevado simples riñas en el seno de la pareja a casos de «terrorismo machista», creando «psicosis» y «alarma mediática».

Por otro lado, la aplicación de la ley no ha alcanzado su supuesto objetivo -erradicar los asesinatos machistas-, al saturar a la Justicia y a los cuerpos policiales.

De los Santos subraya que hasta una tercera parte de los procesos de separación y divorcio en nuestro país se realizan en el marco de esta ley, en juzgados penales especiales. Y cita el testimonio de distintos jueces -y juezas- que han alertado del posible uso fraudulento que las mujeres en proceso de separación y sus abogados pueden hacer de esta norma para obtener ventajas económicas, vengarse o, simplemente, alejar a sus ex cónyuges de sus vidas una vez iniciada una nueva relación sentimental. Casi el 90% de las falsas denuncias de abuso sexual infantil se producen en procesos de separación.

El autor se vale de testimonios de varias mujeres para denunciar el surgimiento de este «neomachismo»: la ex ministra socialista Cristina Alberdi, la politóloga Edurne Uriarte o las magistradas María Pozas y María Sanahuja. El feminismo radical, concluye, es una ideología «conservadora y retrógrada» que «busca mantener los privilegios y eliminar los perjuicios machistas hacia la mujer», y parte de la base de que el sexo femenino es débil y precisa la protección del «supermacho Estado». «El feminismo tiene un discurso antisexista y una praxis sexista. Dice aspirar a la igualdad y a la emancipación, cuando persigue la desigualdad y la tutela cualificada del Estado -argumenta-. El feminismo sólo califica de machistas a los restos del patriarcado que desfavorecen a la mujer (...). A los que la favorecen se les llama ahora 'discriminación positiva'».

Separados

Como ejemplo, la virtual expulsión de los padres separados de la corresponsabilidad familiar: un 95% de las custodias exclusivas se conceden a mujeres, lo que casi siempre lleva aparejado el uso de la vivienda común y el cobro de una pensión de alimentos para los hijos y, a veces, compensatoria para la ex cónyuge... En demasiadas ocasiones, estas medidas arruinan al hombre.

Otro ejemplo es el servicio militar obligatorio, claramente discriminatorio para los varones, que el Tribunal Constitucional legitimó al desestimar los múltiples recursos que se presentaron contra él. Pero las feministas radicales, supuestas adalides de la igualdad, jamás reclamaron que las mujeres fueran a la 'mili'.

A lo largo de los años, subraya, el «régimen feminista» ha creado sus propias instituciones, como los institutos de la mujer, el Ministerio de Igualdad o el Observatorio para la Violencia de Género, así como los múltiples organismos encargados de velar por las cuotas.

También ha intentado crear su propio lenguaje con «perspectiva de género», con ejemplos tan absurdos como la invención de las «miembras» de Bibiana Aído o la declaración del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de que se sentía «contenta» de estar con mujeres socialistas.