La lucha contra los mosquitos llega a los tribunales

La decisión se produce tras haber agotado la vía administrativa el pasado mes de diciembre, cuando se recibió una respuesta de la Consejería de Gobernación a las reclamaciones municipales, en la que no se admitía el escrito de responsabilidad patrimonial, planteado por el Ayuntamiento en su día. Contra esa resolución solo cabe la presentación del correspondiente recurso contencioso administrativo en los tribunales, y es lo que se ha acordado recientemente por parte del Consistorio roquetero.

La discusión viene produciéndose desde hace dos años entre ambas administraciones. El tiempo que hace que los expertos de la Diputación de Huelva contratados por la Junta de Andalucía, emitieron el informe en el que aconsejaba a los municipios de El Ejido y Roquetas las medidas a adoptar para el tratamiento de la lucha contra estos insectos que tantas quejas y problemas han ocasionado en ambas localidades, especialmente en las zonas cercanas a espacios naturales como Punta Entinas, como son Playa Serena y Almerimar.

Reclamación

Tanto en El Ejido como en Roquetas se reclamaba que fuera la Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Medio Ambiente, la que asumiera los costes del tratamiento en los espacios naturales que protege. Sin embargo, la Administración autonómica ha sostenido en todo momento que esos costes no entran dentro de sus competencias y deben ser los municipios los que corran con los gastos.

Dada la diferencia de opiniones y la necesidad de iniciar cuanto antes del tratamiento, en Roquetas se optó en su día por llevar a cabo los trabajos con medios municipales, pero pasando posteriormente la factura a la Consejería de Medio Ambiente y a la Dirección General de Costas, la primera por ser responsable de su protección y la segunda por ser la propietaria de los terrenos tras el deslinde realizado en la zona de Punta Entinas y en Las Salinas.

Los costes de tratamiento suponen un desembolso anual de algo más de 12.000 euros, siempre hablando del tratamiento en zonas naturales, ya que el resto del municipio se está tratando con normalidad y en ese caso el Ayuntamiento sí asume que es de su competencia.

Lejos de arreglarse, el conflicto se extiende ahora a los tribunales, iniciándose un proceso que puede durar años, hasta que los jueces determinen.