#Stop902': ¿Te han afectado los teléfonos de atención al cliente de alto coste?

En un comunicado, la asociación señala que pretende movilizar a los consumidores para que señalen a las empresas y las administraciones públicas que les obligan a marcar numeraciones no incluidas en bonos ni tarifas planas para realizar consultas o reclamaciones y cuyo coste es superior al de una llamada a un móvil o a un prefijo geográfico nacional.

Los usuarios pueden sumarse a la iniciativa a través de su página web y pueden advertir a las empresas de que están saltándose la ley con menciones en las redes sociales junto a la etiqueta #Stop902. Un estudio realizado por la asociación de consumidores sobre los teléfonos de atención al cliente de 141 empresas pone de manifiesto que más de la mitad, en concreto 75, utilizan numeraciones que vulneran la legislación.

Facua recuerda que ya ha denunciado a una veintena de aerolíneas por saltarse la ley y ultima la siguiente batería de denuncias, que irán contra compañías comecializadoras de electricidad y gas, a las que les seguirán bancos, aseguradoras, cadenas de establecimientos comerciales y compañías de telecomunicaciones.

La compañía remarca que todas las empresas que utilizan el prefijo 902 en sus líneas de atención al consumidor incumplen la ley, ya que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad (telecos, electricidad y gas) no pueden suponer "un coste superior al de la tarifa básica", por lo que si son de pago, sólo resultan admisibles líneas móviles o fijos con prefijo geográfico.

Además, el pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que establece que el número telefónico de los servicios postventa no deben exceder el precio de una llamada telefónica estándar.

"Como siempre, la pasividad de las administraciones puede acabar obligando a judicializar este fraude", denuncia el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien añade que este "absurdo" podría evitarse si las autoridades de consumo aplicasen la legislación y multasen de forma contundente a las empresas que se saltan la ley.