Puigdemont dice que en España se confunden los «tribunales» con las «cloacas»

El presidente de la Generalitat cargó con dureza contra España, que calificó como un Estado “no democrático», donde se confunden con los «tribunales» las «cloacas» o la «guerra sucia». Poco después del anuncio del Tribunal Constitucional de suspender la ley del referéndum y el decreto de convocatoria de la 1- O, aprobados el miércoles, el jefe del Ejecutivo catalán amenazó con trasladar el conflicto catalán a la calle. A escasos días de la Diada del 11-S, que volverá a reunir a cientos de miles de catalanes en la manifestación secesionista organizada por la ANC y Ómnium, Puigdemont animó a la ciudadanía a dar una respuesta en la calle a las decisiones tomadas por los poderes del Estado para tratar de frenar el 1-O. Frente al «tsunami de querellas» por parte del Estado, «Cataluña reaccionará con un tsunami de democracia», avisó. «Tendremos las calles llenas de gente y finalmente haremos el 1 de octubre», afirmó en TV3. Puigdemont se unía así a los sectores más radicales del soberanismo, que plantean «movilizaciones permanentes» al estilo Maidán e incluso la ocupación de infraestructuras estratégicas para defender el referéndum.

A pesar de las advertencias del Gobierno, del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía, el independentismo quiso escenificar que va a por todas. En el día después de realizar el primer gran acto oficial de desobediencia, con la aprobación de la ley del referéndum y la firma del decreto del 1-O, suspendidos ayer, el secesionismo replicó a los poderes del Estado redoblando el desafío. El proceso no solo no se para, hagan lo que hagan en Madrid, dijeron los soberanistas, sino que forzaron al máximo el reglamento de la Cámara para tramitar la ley de la transitoriedad jurídica, que supone una declaración de independencia de facto y que en esencia es una especie de Constitución, que entraría en vigor si el sí se impone en la consulta del próximo 1 de octubre. Igual que sucedía en la sesión maratoniana del miércoles, la Cámara catalana debatía anoche la norma, que el secesionismo quería aprobar a toda costa para llegar a la Diada con sus armas rupturistas aprobadas: la ley de transitoriedad, la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.

Por si esto fuera poco, Puigdemont, en una entrevista en TV3, fue contundente: «Contestaremos con las calles llenas el 1-O». El presidente catalán cree que la reacción de Mariano Rajoy a la aprobación de la ley del referéndum demuestra que España «no es un régimen democrático», ante lo que Cataluña responderá con un «tsunami democrático», con «calles llenas de gente» para celebrar el 1 de octubre.

«Hay una ausencia absoluta de comprensión hacia lo que tiene delante (...) Rajoy se niega a aceptar la realidad», aseguró Puigdemont, que en su desafío al Estado ha apuntado que «continuamos a buen ritmo la preparación» del 1 de octubre. En este sentido afirmó que ante «el tsunami de querellas» por parte del Estado, Cataluña reaccionará con un «tsunami de democracia», ya que, explicó, «tendremos las calles llenas de gente y finalmente haremos el 1 de octubre».

En una nueva atropellada, larga y crispada sesión parlamentaria, la Cámara catalana debatió la llamada ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, que hace saltar por los aires el Estatuto, la Constitución y 40 años de autonomismo, pues proclama que «Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social». La situación política catalana se enreda por momentos y solo en ese contexto puede entenderse que la Cámara catalana debatiera ayer una ley para que no entre en vigor, sino para meterla de nuevo en un cajón si finalmente era aprobada. Se trata de una especie de proclamación de independencia en diferido, de tal manera, que «deja claro qué pasará si gana el sí», según fuentes independentistas. En caso de que se impusiera el no en el referéndum, Puigdemont se ha comprometido a convocar elecciones autonómicas, pero si gana el sí, Cataluña pondría la directa para proclamar la independencia a las 48 horas del referéndum y con el objetivo de abrir un proceso para crear un nuevo Estado en el plazo de un año.

Esta ley, calificada como la «norma suprema del ordenamiento jurídico catalán», sería la base legal sobre la que se pilotaría la ruptura del resto de España, en torno a un año, hasta que la nueva Cámara catalana resultante de unas elecciones constituyentes, previstas para primavera de 2018, elabore una Carta Magna, que debería ser sometida a referéndum. Como la ley del referéndum y el decreto de convocatoria, esta norma será inmediatamente suspendida por el Constitucional.

Igual que el día anterior, la Cámara catalana vivió ayer un pleno maratoniano y muy crispado, puede que el más tenso en 40 años desde la recuperación de la democracia. El proceso soberanista ha tensionado tanto la situación en Cataluña que el Parlamento autonómico dejó una imagen que en el Congreso de los Diputados sería impensable y que describe el nivel de enfrentamiento que hay entre el secesionismo y los partidos no independentistas: los grupos del PP, Ciudadanos y el PSC, el frente constitucionalista, aplaudiendo puestos en pie la intervención del portavoz del grupo en el que está integrado Podemos. No solo aplaudieron a rabiar, sino que profirieron gritos de «democracia, democracia».