La fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla por el caso de la rotonda
El ministerio público acusa al socialista Gerardo Sánchez de prevaricación y malversación, y solicita también doce años de inhabilitación
Manuel Pedreira
Viernes, 30 de octubre 2015, 02:23
El alcalde socialista de Armilla, Gerardo Sánchez, deberá sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial para responder de un delito de prevaricación administrativa y ... otro de malversación de fondos públicos cometidos, presuntamente, en el procedimiento de adjudicación de la obra de embellecimiento de una rotonda de acceso a la localidad.
El ministerio público solicita en su escrito de acusación una condena de 8 años de inhabilitación por el primer delito mientras que para el segundo pide 4 años de prisión y otros tantos de inhabilitación para empleo o cargo público. Además de Sánchez, también se sentarán en el banquillo acusados de los mismos delitos y con idéntica petición de condena el gerente de Armigesa (empresa de capital mixto participada por el Ayuntamiento de Armilla) y un trabajador municipal del área de Urbanismo.
La Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por el exconcejal de Urbanismo Victoriano Cid, que fue imputado durante la tramitación del procedimiento pero que finalmente no se sentará en el banquillo al archivarse la investigación en su contra.
El caso de la rotonda de Armilla lo inició con una denuncia el propio Ayuntamiento en mayo de 2012 bajo el gobierno presidido por Antonio Ayllón (PP). Los populares llevaron al juzgado las presuntas irregularidades cometidas durante el mandato previo de Gerardo Sánchez en la adjudicación del embellecimiento de las rotonda en vísperas de las elecciones municipales de 2011. Ayllón lo acusó de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
La causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 6, cuyo titular de entonces, el magistrado Miguel Ángel del Arco, tomó declaración como imputado a Gerardo Sánchez hace justo un año. La investigación ha durado cerca de tres años y ha estado repleta de idas y venidas.
Para empezar, en un determinado momento de la instrucción, la fiscalía de medio ambiente solicitó el archivo de las actuaciones, petición denegada por el juez en un primer momento. Sin embargo, en junio de 2014 Miguel Ángel Del Arco dictó un auto de archivo del procedimiento pese a reconocer en su resolución que existían indicios de los tres delitos esgrimidos por Ayllón.
El magistrado dio un severo tirón de orejas a las partes. ««Es inviable la continuación de la instrucción imputación de oficio de personas o transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado existiendo una acusación (PP) que centra exclusivamente su actividad acusatoria en el alcalde de Armilla y un ministerio fiscal que, usando de su derecho pide (...) el sobreseimiento», subrayó el instructor en el auto.
Las pesquisas seguidas hasta ese momento ofrecían, según el magistrado, evidencias de un comportamiento supuestamente delictivo tanto por parte de Gerardo Sánchez como de otras personas relacionadas con el proyecto de embellecimiento de la rotonda.
La secretaria del Ayuntamiento de Armilla informó, por ejemplo, de que no constaba ningún expediente tramitado para el embellecimiento de la rotonda y que, por su cuantía (cerca de 300.000 euros) debería haberse articulado un procedimiento negociado con publicidad. El arquitecto municipal detectó la falta de acta de replanteo e inicio de las obras.
El interventor, contundente
El interventor, por su parte, fue aún más contundente. En un informe aseguró que no existió previa retención de crédito, ni autorización del gasto ni compromiso de gasto para dicha actuación. Tampoco había crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal y la factura presentada no constaba registrada ni había sido acompañada de la certificación de obra emitida por su director. Estas irregularidades fueron constatadas también por el Seprona.
Del Arco dio marcha atrás un mes después e imputó de nuevo a Gerardo Sánchez al estimar un recurso al auto de archivo presentado por Antonio Ayllón. Según el instructor, el Ayuntamiento, presidido por Sánchez, habría contratado a Armigesa de manera «totalmente ilegal» las obras de embellecimiento de la rotonda situada entre la A-44 y la N-323A por un importe de cerca de 280.000 euros.
En su declaración en sede judicial, Gerardo Sánchez se apoyó en los informes de los técnicos municipales para justificar la adjudicación de la obra. El alcalde reconoció que gran parte de los informes de los técnicos fueron verbales y aseguró que en ningún momento fue advertido de haber cometido irregularidad alguna.
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