Un órgano municipal peinará la red del Ayuntamiento de Granada para evitar nuevos asaltos
El Consistorio diseña un protocolo de ciberseguridad para reforzar la protección de datos
A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Granada sufrió un asalto informático que provocó que las nóminas de cuatro empleados públicos no se abonaran a ... sus titulares sino a la de una persona ajena a la plantilla. El ataque provocó la reacción del edil de Telecomunicaciones, Francisco Herrera, quien se comprometió a diseñar un protocolo de ciberseguridad nuevo para evitar situaciones como esa en el futuro.
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Cinco meses después, con el presunto asaltante en manos de la Policía, el concejal ha anunciado la finalización de los trabajos para la elaboración de las directrices que seguirán los trabajadores públicos para reducir los asaltos, un amplio catálogo de medidas que serán planteadas al pleno en la sesión que se celebra la semana próxima para su aprobación.
Herrera ha explicado este martes que el Consistorio va a crear un centro de operaciones de ciberseguridad con el fin de reforzar la vigilancia. Este órgano, que estará alineado con la estrategia en esta materia impulsada por el Gobierno de España, tendrá como meta detectar amenazas, para lo que peinará los sistemas municipales a diario. En opinión del edil, esta fórmula va a permitir «mejorar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento ante cualquier ataque».
En paralelo, la nueva estrategia municipal prevé también la creación de un comité especial que estará encargado del impulso, seguimiento y coordinación de la política de protección de datos. Su función principal será «asegurar el compromiso del Ayuntamiento con una efectiva gestión en este ámbito», según ha explicado el concejal.
No será el único comité de nueva creación. Habrá otro, de carácter técnico, que se encargará de coordinar actuaciones encaminadas al cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos de la normativa de seguridad de la información.
El edil ha detallado que, al margen de estos órganos, se ha diseñado una política de acción centrada en proteger tanto la seguridad de los servicios públicos y los procesos de información como la protección de datos personales.
Para ello, se han planteado directrices específicas para los trabajadores que siguen «los principios generales, los requisitos mínimos y los últimos datos del Esquema Nacional de Seguridad». Estas medidas serán enseñadas al personal, al que se dará formación en la materia, según ha especificado.
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