Los ocho delitos por los que han procesado a Torres Hurtado en el 'caso Serrallo'

Penas: Inhabilitación de 9 a 15 años, prisión de 1 año y 6 meses a 4 años, y multa de 12 a 24 meses.

Investigados: Lo comete tanto la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, informe proyectos o licencias contrarios a las normas, y a quien por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor. Se atribuye a los 17.

Penas: Inhabilitación de 9 a 15 años.

Investigados: Este ilícito consiste en dictar una resolución sabiendo que es injusta. La jueza atribuye presunta participación en él a los ocho principales investigados: Torres Hurtado,Nieto, María Paz Spínola, García Arrabal, los exjefes de obras y licencias, el excoordinador del área y el exarquitecto jefe .

Penas: Prisión de 2 a 6 años e inhabilitación de 6 a 10 años.

Investigados: Lo comete quien tiene facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico y las infrinja, causando un perjuicio al patrimonio administrado. La jueza ve indicios en los 8 principales investigados.

Penas: Prisión de 2 a 6 años e inhabilitación de 6 a 10 años.

Investigados: Castiga a la autoridad o funcionario que, interviniendo por razón de su cargo en actos de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se alíe con interesados o use cualquier otro modo para defraudar a un ente público. Se atribuye a los 8 principales investigados.

Penas: De 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación de 2 a 6 años.

Investigados: Este delito lo comete quien, entre otras cosas, altere un documento, lo simule o falte a la verdad en él. La jueza ve participación de los 8 investigados principales, que son Torres Hurtado, su exedil de Urbanismo, tres exaltos funcionarios del área y el promotor.

Penas: Prisión de 6 meses a 2 años.

Investigados: Se castiga al funcionario público o autoridad que influyere en otro para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. También castiga a particulares. La jueza atribuye ve participación en este posible delito de los 8 principales investigados.

Penas: Cárcel de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 5 a 9 años.

Investigados: Sólo se atribuye al que fuera jefe de Obras durante el gobierno del PP, Manuel Lorente, y al promotor Roberto García Arrabal. El motivo: el contrato de un hijo de Lorente. Lo comete el funcionario que acepte dádivas o favores pero también quien las da o hace.