El dueño de la discoteca del Serrallo pide 2 años de cárcel para el promotor por delito urbanístico

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso IDEAL, Pizarro únicamente formula cargos contra el promotor, al que atribuye la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Cabe recordar que la jueza del caso, María Ángeles Jiménez, cerró la instrucción a mediados de febrero con un total de 17 investigados, entre los que están el exalcalde José Torres Hurtado (PP) y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto.

De indemnización, el empresario reclama 1.870.152 euros, a los que añade 100.000 euros más por “los daños morales causados” debido a “la pérdida de prestigio que ha supuesto verse involucrados como terceros de buena fe en un caso tan mediático como es el 'Caso Serrallo'. Y es que, según se queja, se le ha relacionado con la comisión de los presuntos hechos delictivos investigados “sin tener nada que ver con ellos”. En total, por tanto, exige 1.970.152 de indemnización, “cantidad de la que deberá ser declarado responsable civil directo el acusado y, subsidiariamente, la mercantil Talerr Real State SL, como partícipe a título lucrativo de las consecuencias del delito”, considera.

Pizarro se siente el “único” perjudicado por el cierre y, tras recordar lo que costaría echar abajo las instalaciones -un perito calculó que el presupuesto de demolición de los pabellones y la reposición del suelo a su estado primitivo ascendería a cerca de 115.000 euros-, considera que no debe demolerse lo construido.

El empresario -que es una de las siete acusaciones del proceso- sostiene que adquirió el establecimiento “libre de cargas y gravámenes, guiándose en todo momento por la información existente en el procedimiento concursal, con la garantía que conlleva el control jurisdiccional del mismo”. Y garantiza que desconocía “los avatares judiciales y administrativos en los que estaba inmersa la sala de fiestas/discoteca, al no ser parte en ellos ni tener constancia”.

Luego, aparte de enterarse de que existía esta causa penal en el Juzgado de Instrucción 2, supo que había un expediente de caducidad de la licencia de apertura y funcionamiento del establecimiento “que igualmente ignoraba” y “que no le fue notificado hasta el 15 de abril de 2016”, cuando ya la adjudicación judicial era firme. A partir de ese momento, según explica, “al sentirse engañado”, intentó inicialmente que se le devolvieran los 415.000 que había pagado en la subasta. No lo logró.

Lo siguiente que hizo Pizarro fue iniciar varias actuaciones para “intentar salvar su inversión”. Así, por un lado, solicitó del Ayuntamiento “el restablecimiento de la licencia caducada con un expediente de declaración responsable de actividad”. Por otro, planteó reclamaciones civiles y penales contra quienes consideraba posibles responsables: “ya fuera el Ayuntamiento de Granada (mediante exigencia de responsabilidad patrimonial), ya el Administrador Concursal, ya la concesionaria Inversiones Área Sur, SL, actualmente Taler Reale Estate, SL.”.

En su calificación, esta parte recuerda que García Arrabal cesó como director general y apoderado solidario de Inversiones Área Sur, SL el 27 de febrero de 2015, fecha en la que la Sociedad Inversiones Área Sur, SL también cambió su denominación social por la de Taler Reale Estate. Anteriormente, en 2015 y 2014, respectivamente, había cesado como administrador mancomunado de 683 Upper Club -así se llamaba inicialmente la discoteca- y de Multiaventuras Serrallo Plaza. “Pero, para entonces, -subraya- el delito contra la ordenación del territorio ya se había consumado”, siendo Inversiones Área Sur -actualmente Taler Real- “la que se lucró del delito, tanto por vía de arrendamiento como por vía de explotación”.