Motril tendrá antes de 2024 listo el estudio de zonas de bajas emisiones

El Ayuntamiento de Motril admite que «va tarde», pero que e consistorio ha trabajado para cumplir con la normativa. « Estamos trabajando en la elaboración del proyecto por parte de una empresa externa. De hecho, se pondrá a exposición pública para la presentación de alegaciones durante 30 días en estas semanas. Es cierto que vamos tarde, pero estamos trabajando en ello para su implantación», manifiestan desde el consistorio.

Sin embargo, no avanzan qué zonas de la ciudad sufrirán cambios en el tráfico. «Las medidas que se van a implantar son las que nos impone la ley en función del numero de habitantes y el nivel de contaminación de la ciudad. La empresa nos hará una serie de propuestas, pero es la corporación quien decide hasta donde se va a establecer. Es decir, en enero todo eso se determinará con la ordenanza municipal. Realmente no es verdad que no vayamos avanzados, hemos trabajado mucho en este tema», apuntan.

«El Ayuntamiento ha adoptado varios acuerdos al respecto, el Pleno acordó la implantación de la zona. Hay otro acuerdo solicitando una subvención a la Junta de Andalucía del plan de impulso al medio ambiente», concluyen.

El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio contra Motril y otras 32 ciudades españolas por el retraso que se está produciendo en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), exigidas por ley. El equipo de gobierno motrileño tiene el reto de poner en marcha medidas para reducir las emisiones, es obligatorio por mandato nacional su implantación en todos los municipios de España tengan más de 50.000 habitantes.

La entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones aplicará restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Esto provocará que muchos coches no puedan acceder al centro de la ciudad desde el momento en el que se active porque de hacerlo podrán ser multados. La localidad aún no ha anunciado medidas para la instalación de Zona de Bajas Emisiones pero, a raíz de otro proyecto para digitalizar la ciudad y controlar el tráfico (SMART City), el Ayuntamiento de Motril ha instalado 40 cámaras que controlarán el tráfico de la ciudad y servirán también para ofrecer información a los vecinos sobre el estado de los accesos o aparcamientos en distintos puntos de la localidad costera.

Las primeras cámaras se han instalado en la rotonda de la rambla de Los Álamos, en las inmediaciones del Alcampo y el centro comercial, en la bajada a la playa por la rambla de Las Brujas, así como en los accesos a la ciudad desdeel recinto ferial. Todos estos puntos son zonas clave y accesos importantes de Motril. La puesta en marcha de estas cámaras de videovigilancia corresponde a un programa encaminado a construir una ciudad inteligente y tecnológica.

El Ayuntamiento ha garantizado que, una vez finalizado el proyecto, quien tendrá acceso completo a las grabaciones será exclusivamente la Policía Local y habilitará 200 sensores de aparcamiento para conocer el estado de las plazas de carga y descarga y las plazas de movilidad reducida a través de una aplicación, mecanismos que en algunos casos podrían emplearse después para controlar también la zona de bajas emisiones. Aunque el Ayuntamiento destaca que se ha solicitado una subvención para las cámaras de acceso y los medidores de contaminación, una regulación que se hará con otras cámaras distintas de la smart city.

Por su parte la oposición critica el retraso en la implantación y la falta de información. El PSOE señala que desconocen si el Ayuntamiento ha solicitado prórroga, ya que debería estar listo para el 1 de enero de 2024. En la misma línea, IU-Equo Verdes han señalado que su formación «ha perseguido» este tema para crear de forma urgente una zona de bajas emisiones que responda también a las necesidades de los vecinos y la ciudad sin que acabe siendo un proyecto «rápido y mal elaborado». La coalición recuerda que el retraso trae consecuencias y prevé sanciones. «Han tenido tiempo suficiente para elaborar un plan, la ley es de 2021 y no se han puesto en marcha medidas para potenciar el transporte público y los espacios peatonales», concluyen.